Un cura de Salamanca acusa de “egoísmo” a quienes rechazan la regularización de migrantes

Salamanca

El proceso extraordinario de regularización de personas migrantes puesto en marcha por el Gobierno ha reabierto el debate político y social en torno a la inmigración.

En Salamanca, el párroco del barrio de Buenos Aires, Emiliano Tapia, ha defendido con firmeza esta medida, que considera “justificada, necesaria e imprescindible” tanto para las personas migrantes como para las familias que ya forman parte de la vida cotidiana en España.

Tapia recuerda que muchas de estas personas carecen de derechos básicos y que el trabajo de acogida responde a una necesidad elemental. “Acogemos a estas personas porque no tienen techo, porque no tienen esos derechos fundamentales que cualquier ser humano necesita”, afirma. En este sentido, subraya que la regularización es un paso clave para lograr la autonomía personal: “La autonomía necesita medios y recursos, y esos medios solo se pueden garantizar en el lugar donde viven, en este caso España”.

Frente a las críticas lanzadas desde algunos partidos políticos, el párroco se muestra especialmente contundente: “No solo están fuera de lugar, sino que a nivel humano demuestran una falta de corazón”. A su juicio, detrás de estos discursos hay “egoísmo colectivo y estrategias políticas sin sentido cuando se habla de seres humanos que solo necesitan un lugar en el mundo”.

Un proceso con plazos y requisitos concretos

El proceso de regularización extraordinaria está regulado por el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros y se dirige a personas migrantes que ya residen en España. El plazo para presentar solicitudes está abierto desde el 16 de abril y finalizará el 30 de junio de 2026, tanto por vía telemática como presencial, esta última mediante cita previa en oficinas habilitadas.

Según ha explicado el abogado Samuel Huesca, de la asociación ASDECOBA, existen dos grandes perfiles que pueden acogerse a este procedimiento. Por un lado, las personas que solicitaron protección internacional antes del 1 de enero de 2026. Por otro, quienes se encuentran en situación administrativa irregular, llegaron a España antes de esa fecha y se hallan en una situación de vulnerabilidad, a los que se les tramitará un arraigo extraordinario.

Entre los requisitos generales, es necesario acreditar la presencia continuada en España durante al menos cinco meses, no suponer una amenaza para el orden público y carecer de antecedentes penales. La autorización concedida permite residencia y trabajo durante un año, válida para cualquier sector y en todo el territorio nacional.

Huesca señala que ya se está informando y acompañando a las personas interesadas y que en los próximos días comenzará la presentación de solicitudes, especialmente de quienes residen en recursos de acogida.

La exclusión por antecedentes, en el centro del debate

Uno de los puntos más controvertidos del proceso es la exclusión automática de las personas con antecedentes policiales o penales. El abogado considera que esta limitación debería revisarse y lanza un mensaje claro a la sociedad: “Debemos ser valientes y romper la idea de que migrante es igual a delincuente”.

A su juicio, quienes ya han cumplido su condena tendrían que poder regularizar su situación. “Si no, les dejamos fuera del sistema, sin acceso al trabajo o a la vivienda, y les empujamos a la exclusión y, en muchos casos, al delito”, concluye.