Xavier García Albiol, a juicio acusado de delito leve por zarandear a una asesora del PSC para salir en una fotografía
El exalcalde de Badalona se sentará en el banquillo por un delito de lesiones y por presunta prevaricación
Xabier García Albiol. / Europa Press News
Madrid
El exalcalde de Badalona, Xavier García Albiol, irá a juicio por un delito leve de lesiones tras la denuncia de la asesora del PSC Esther Martínez, que le acusó de zarandearla para salir por delante de ella en una fotografía durante un acto público. El episodio ocurrió cuando el Albiol coincidió con los distintos grupos municipales de la localidad para hacerse una foto con el equipo de fútbol del C.F. Sistrells.
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Martínez, la también coordinadora de deportes de Badalona, acusó al alcalde de zarandearla para intentar esquivarla y que no saliera en la fotografía. Tras las acusaciones, Albiol negó que fuera así y dijo que se lo había inventado para "destruirle".
Al exalcalde del PP se le acumulan los juicios y es que esta semana, un juzgado de Badalona le imputó por presunta prevaricación en la instalación de antenas de telefonía en el cuartel de la Policía Local en 2012, cuando era alcalde.
Investigado por presunta prevaricación
La Fiscalía ha pedido condenar a Albiol a dos años y 10 meses de prisión y multarle con 9.500 euros por presunta prevaricación. El Juzgado de Instrucción 4 de Badalona ha instruido esta causa sobre la instalación de unas antenas de telefonía móvil en verano de 2012, y al terminar la investigación, el juez explicó en un auto que ante un problema de falta de cobertura en varias zonas de la ciudad, la telefónica Vodafone pidió al consistorio instalar una base de telefonía móvil, con una antena de 20 metros de altura.
Según constató juez, al terminar la investigación, la solicitud se hizo "de manera informal, a través de un correo" del director de Tecnología de la Información del Ayuntamiento, que envió la petición al entonces delegado de la empresa municipal Engestur, también investigado en esta causa. El magistrado recordó entonces que esa instalación necesitaba una licencia urbanística y afirmó que la base se instaló en una finca a la que, de acuerdo con la calificación que tenía en el Plan General Metropolitano de Barcelona, no se le podía dar este uso.
Se trataba de una finca municipal, situada en las dependencias de la Policía Local de Badalona, por lo que "se exigía la tramitación del preceptivo expediente patrimonial", pero según el juez no se hizo ninguno de los trámites.
