Tribunales

Los juzgados de violencia de género avisan que van a colapsar: "No vamos a poder atender a las víctimas"

Un centenar de magistrados especializados critican la nueva ley que amplia sus competencias para que investiguen también los delitos sexuales pero sin reforzar la plantilla, a pesar de la sobrecarga que ya arrastran

Barcelona

Los juzgados de violencia de género alertan que van a colapsar y que en pocos meses no podrán atender las víctimas. "No vamos a poder. No vamos a tener fuerza; no vamos a tener energía, y eso se va a trasladar a la víctima: No la vamos a poder atenderlas en condiciones porque nosotros no vamos a estar en condiciones". Lo dice a la SER con desconsuelo la decana de los juzgados de violencia sobre la mujer de Barcelona, Francisca Verdejo, a raíz de la entrada en vigor este pasado 2 de enero una nueva ley que amplia las competencias de estos juzgados especializados sin otorgarles más recursos.

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Además de los delitos de maltrato en el ámbito de la pareja, a partir de septiembre los juzgados de violencia sobre la mujer van a tener que hacerse cargo de la investigación de otros delitos sexuales o por razón de género (como agresiones sexuales, matrimonios forzados, acoso sexual o trata de seres humanos) sin ningún tipo de refuerzo material ni personal. Ello supone prácticamente duplicar sin recursos los casos que investigarán unos juzgados ya de por sí sobrecargados.

"No creo que haya ningún juzgado de violencia en España que no vaya a colapsar porque la violencia sexual ha subido muchísimo", añade el también juez de violencia sobre la mujer de Barcelona y miembro de Jueces para la Democracia, Carlos Pascual Alfaro. "Si nos entran el doble de asuntos de agresiones sexuales, que son muy numerosas y, en muchos casos complicadas, a la víctima no se la va a atender adecuadamente", confiesa. Verdejo recuerda, además, que Barcelona tiene "el triste honor de estar a la cabeza de los procedimientos contra la libertad sexual".

Cerca de 700 investigaciones extra por juzgado: "Es absolutamente inasumible"

Según datos del Ministerio recogidos por los magistrados especializados, en 2023 se registraron 3.300 procedimientos judiciales por delitos sexuales. Los encargados hasta ahora de investigarlos eran los juzgados de instrucción. En Barcelona, hay 33. "Una simple operación matemática resulta que aproximadamente cada juzgado de instrucción llevaría unas 100 causas penales. Pero juzgados de violencia contra la mujer hay cinco", ejemplifica Verdejo. "Aplicando ese mismo criterio matemático [dividir las 3.300 denuncias entre los cinco juzgados de violencia de género] vemos que ahora nos van a tocar casi 700 casos y sin ningún incremento de plantilla", ilustra. "Seria el hundimiento de los cinco juzgados de violencia. Es absolutamente inasumible", lamenta.

Estos centenares de casos se sumarán a los casos de maltrato machista por parte de la pareja o expareja de los que, hasta ahora, se encargaban los juzgados de violencia sobre la mujer. Y no son pocos casos. En los últimos cuatro años, en el caso de Barcelona, todos los juzgados de violencia de género arrastran una sobrecarga de trabajo del 30%. Y la situación es todavía más crítica en otros partidos judiciales, como el de Madrid, donde, según fuentes judiciales, por la cantidad de asuntos registrados deberían tener dos juzgados especializados más de los que tienen.

Efecto contrario: Orillar a las víctimas de maltrato

Aunque hay divergencias en el seno de la judicatura, en general, los magistrados especializados entienden y, algunos comparten, que sean ellos, los órganos especializados, quienes atiendan a las víctimas de violencia sexual para evitar la revictimización y darles un mejor trato, aunque advierten que para ello necesitan recursos. De lo contrario, la ley tendrá efectos nefastos, orillando y desatendiendo a las víctimas.

"Es muchísimo mejor que sean órganos especializados los que lleven este tipo de delitos. Esto está claro; será una justicia de mucha más calidad y más eficaz, pero solo si hay medios personales y medios materiales", reclama Verdejo. "Tiene sentido que llevemos estos casos que tienen que ver con el patriarcado, la desigualdad o los distintos roles de las mujeres y son delitos en los que el componente de género es muy importante", añade Pascual Alfaro.

Sin embargo, advierte que la sobrecarga hará que "la violencia de género en el ámbito de la pareja quede diluida por otros delitos que son muy numerosos y también muy graves". "El mejor trato que supuestamente debe recibir la víctima, ahora va a ser un peor trato", concluye. "Si en una guardia coincide, por ejemplo, que hay una redada en un puticlub con 10 víctimas y 8 detenidos, la víctima de violencia de género por una agresión de su marido fácilmente pueda quedar postergada", ejemplifica.

La degana de violencia sobre la mujer añade otro factor: la repercusión en la salud mental de los jueces y funcionarios de estos juzgados especializados. "Estar diariamente en un juzgado de violencia contra la mujer en contracto tan directo con el dolor afecta mucho a la salud mental. Yo creo que no voy a estar en condiciones de atender a las mujeres con esa carga de trabajo", confiesa.

Hoy por Hoy Catalunya 08:20 (09/01/2025)

10:00

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Nueve meses hasta su aplicación: "Debe estudiarse urgentemente"

La ley de eficiencia procesal da nueve meses de margen para trasladar todos estos nuevos asuntos a los juzgados de violencia sobre la mujer, marcando como deadline este próximo otoño. Hasta entonces, el centenar de jueces y juezas que se han organizado esperan que el Gobierno haga un estudio para dimensionar la plantilla necesaria para evitar el descalabro del sistema de atención a víctimas de violencia de género. "Igual habría que reconvertir juzgados de instrucción en juzgados de violencia sobre la mujer", propone Pascual Alfaro.

Otros magistrados y magistradas denuncian el abandono y desconocimiento que atribuyen a las instituciones y los responsables políticos. Lo cierto es que otra ley anterior, aprobada en 2022, ya incorporaba la propuesta de que los jueces de violencia de género asumieran también la investigación de delitos sexuales, pero lo condicionaba a una necesaria dotación presupuestaria. La nueva ley recupera esa propuesta pero eliminando el condicionante de redimensionar los recursos. "Me llama muchísimo la atención la facilidad que tiene el legislador para desdecirse, sin llegar a entender el alcance de esta reforma", critica Verdejo.

 
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