"Su negocio es el miedo": miles de afectados reclaman contra la estafa de una empresa rusa

Barcelona

Miles de consumidores españoles han caído en la pesadilla de Kviku, una empresa rusa de microcréditos que ingresa dinero sin el consentimiento de los usuarios que se registran en su web.

En concreto, según datos analizados por la SER, desde enero, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recibido cerca de 700 reclamaciones contra Kviku, casi el doble que durante todo el año pasado. Sumando las principales páginas de reclamaciones, sin embargo, las quejas por este tipo de estafa superan las 3.000.

La estafa está camuflada detrás de una web que simula préstamos instantáneos y las condiciones que ofrecerán. A cambio, solicita los datos personales del usuario. El fraude funciona así: pocos minutos después de introducir sus datos personales, los afectados reciben cantidades de 10, 25, 50 o hasta 300 euros en su cuenta bancaria que no han solicitado.

Minutos más tarde, la empresa Kviku les envía un contrato que les exige cantidades exageradas con intereses usurarios que pueden superar el 25.000 % en Tasa Anual Equivalente (TAE). Por ejemplo, por un "préstamo" de 25 euros, les reclaman 80, más del triple. Si no lo pagan, se enfrentan a amenazas de visitas a su domicilio o a su lugar de trabajo, acoso telefónico e incluso acciones legales.

"Soluciones de crédito instantáneo"

Según la web de Kviku, ofrecen "soluciones de crédito instantáneo" que pueden llegar hasta 1.000 euros. Aunque anuncian intereses "a partir del 0% diario", la realidad es muy distinta. Enrique García, portavoz de la OCU, explica a SER Catalunya que denunciar a esta empresa es un proceso complicado, ya que está registrada en Chipre, a pesar de que en su página web indican tener una sede social en Alicante.

Es difícil perseguir a empresas de este tipo. Tal como aparecen, se esfuman y, como las cantidades que ingresan son pequeñas, cuesta que los usuarios decidan demandarlas en los juzgados. La OCU desaconseja los microcréditos, ya que son "extremadamente caros", y critica los intereses "estratosféricos" que aplica Kviku. También señalan que los préstamos sin consentimiento que conceden son "totalmente ilegales" y recomiendan que los afectados presenten reclamaciones.

Usuarios como Carmen constatan los abusos de la empresa: "Quería hacer una reforma en la cocina y me faltaban entre 4.000 y 5.000 euros. Me registré en varias páginas para hacer una simulación de préstamo y, como muchas otras, esta me pedía el número de cuenta". Fue en ese momento cuando recibió 25 euros que no había solicitado.

Aunque intentó devolverlos inmediatamente, Kviku le exigía una transferencia internacional que costaba 90 euros: "En el banco me dijeron que por 25 euros no me preocupara, que no pasaría nada". Ahora, dos años y medio después, ha recibido una notificación del juzgado que le reclama 128 euros, es decir, cinco veces lo que le ingresaron. Según la jurisprudencia, los préstamos con un interés superior al 20 % son usura y, por tanto, los contratos son nulos.

"Algunos piensan que si se lo quedan, son ellos los que estafan a la empresa"

A partir de esta demanda, Carmen ha comenzado a investigar y ha encontrado un grupo de Telegram con cientos de afectados. Con la ayuda de otros usuarios, ha podido devolver al juzgado la cantidad que le ingresaron y ahora su caso espera una resolución judicial. En poco tiempo, el grupo ha crecido de 20 a más de 700 miembros. "Su negocio es el miedo", explica Roger, otro de los afectados que ahora, a través del grupo de Telegram, se dedica a ayudar a las personas que entran y que han recibido una reclamación judicial.

En este sentido, el administrador del grupo, Bernat, dice que ya se plantean presentar una denuncia colectiva: "Hay una gran cantidad de personas dispuestas a hacerlo". Mientras tanto, recomienda a los afectados que devuelvan el dinero que reciben, ya que hay quien cree que es un regalo: "Algunos piensan que si se lo quedan, son ellos los que estafan a la empresa", pero en realidad, si aceptan el dinero, están aceptando un crédito, y la empresa puede reclamárselo judicialmente, tal como ha pasado con el caso de Carmen.