El asesor fiscal de los Pujol se declara "incapaz" de fijar "la trazabilidad de los fondos" de Andorra

Barcelona

Era uno de los testigos más importantes del juicio: Joan Antoni Sànchez Carreté, el exasesor fiscal del expresident Pujol des de 1983; la persona que custodió su información bancaria en un pendrive con los secretos de la familia; quien regularizó ante Hacienda sus cuentas en Andorra y defendió a los Pujol en la investigación fiscal. Lo sabían las defensas, que había preparado al milímetro su interrogatorio, y también la acusación, quien, según el entorno de los Pujol, ha perdido hoy una batalla jurídica.

Durante una hora y media, las partes han interrogado al asesor fiscal que ha acabado confesando que regularizó los fondos ante Hacienda “deprisa y corriendo” cuando se lo pidieron los abogados de la defensa. También le pidieron "si podía hacer una trazabilidad de los movimientos de los fondos", ha explicado. Se vio "incapaz de hacerlo", ha admitido. De modo que recomendó a la defensa que encargaran a un auditor especializado aclarar el origen y circuito del dinero; algo a lo que tanto la Fiscalía como la propia Audiencia Nacional han dedicado más de una década.

Sànchez Carreté llevaba más de 30 años trabajando como gestor fiscal del matrimonio formado por Jordi Pujol y Marta Ferrusola, cuando recibió una llamada del abogado de la familia, Albert Carillo. Era 7 de julio de 2014. Ese día el periódico El Mundo había publicado un pantallazo de cuentas de la familia Pujol en Andorra. Carillo, junto al letrado de Convergencia en aquel momento, Javier Melero, el convocaron a una reunión junto con Ferrusola y algunos de sus hijos para “regularizar los fondos en el extranjero no declarados”, ha explicado. “Me facilitaron documentación para preparar las declaraciones complementarias y eso fue lo que hice”, ha añadido.

Esa documentación, con toda la información bancaria en el extranjero (que ha declarado desconocer hasta que le contactaron los abogados), le fue entregada en un pendrive, según ha afirmado. Ese dispositivo fue intervenido por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional en los registros en el despacho de Sànchez Carreté en 2015. Tanto Carreté como las defensas han deslizado que ese registro fue excesivo.

Y es que el motivo de la entrada y registro era la investigación sobre tres sociedades de Jordi Pujol Ferrusola y su exmujer Mercè Gironès. Sin embargo, los investigadores acabaron llevándose un pendrive que contenía datos bancarios y económicos de toda la familia; datos por los que hoy, una década después, se sientan en el banquillo.

Negocios en Gabón

Antes de representar a la familia Pujol Ferrusola ante Hacienda, Sànchez Carreté también se había encargado de las declaraciones fiscales, en cuanto al impuesto de sociedades, de algunas de las empresas del primogénito de la familia. Negocios internacionales que han aflorado también en esta quinta sesión del juicio a través de la declaración de algunos de sus socios, como Jordi Puig, hermano del exconseller Felip Puig.

También por videoconferencia, Puig ha admitido con rotundidad que algunas de sus empresas pagaron cantidades millonarias a sociedades de Jordi Pujol Ferrusola por tareas de intermediación sin ningún contrato firmado y a base de pactos verbales a cambio del éxito en operaciones empresariales, sobre todo en países en desarrollo, como Gabón. Así, por ejemplo, entre 1996 y 1998, Ibamesa, empresa de Puig, pagó 112 millones de pesetas (cerca de 670.000 euros) a Imisa, sociedad de Pujol Ferrusola sin contrato ni recibo.

La causa contra Vilarrubí se archivará tras su muerte

La vista contra la familia Pujol y una decena de empresarios se ha retomado este lunes con una ausencia, la de Carles Vilarrubí, uno de los empresarios acusados, que falleció el pasado 28 de diciembre. "Tenemos la lamentable noticia del fallecimiento de uno de los acusados", ha trasladado el presidente del tribunal, el magistrado José Ricardo de Prada, al inicio de la sesión.

"De momento no se dispone del certificado de defunción, por eso, de momento, no hemos dictado ninguna resolución extinguiendo la responsabilidad criminal de esta persona de la que si tenemos constancia, no obstante, de su fallecimiento al ser un hecho de conocimiento público y notorio", ha añadido el magistrado. Con su muerte se archiva la causa contra él.