Uno de cada tres pisos comprados por la Generalitat en los últimos dos años eran de La Caixa

Barcelona

La Generalitat catalana necesita pisos para acelerar el plan de conseguir 50.000 viviendas protegidas de alquiler antes de 2030. La Caixa tiene un amplio stock de viviendas que la Fundación construyó en Cataluña como parte de sus programas de obra social que se hacían hace quince o veinte años, pero que no se han mantenido. Y el ejecutivo de Salvador Illa ha encontrado un aliado inesperado en la entidad presidida por Isidre Fainé, una relación que dejó encarrilada el anterior Govern de Esquerra. En los últimos dos años, la Generalitat ha comprado 843 viviendas a InmoCaixa por unos 64.000 euros cada una y ya tiene 1.064 más apalabradas para este año.

Si contamos los más de mil pisos anunciados para 2026, en poco más de dos años, la Generalitat habrá pagado 141 millones de euros a La Caixa por 1.907 inmuebles. Son, de media, unos 74.000 euros por vivienda. La diferencia de precios, sin embargo, es muy amplia y se puede encontrar un lote de 56 pisos en Sant Feliu de Llobregat comprados por 124.000 euros cada uno, o también un lote de 77 viviendas en Salou, pagadas apenas a 9.300 euros cada una.

Un cambio de predisposición de La Caixa

Los precios se han calculado de manera objetiva, teniendo en cuenta parámetros como el valor de la vivienda o lo que costaría construir una vivienda protegida similar. Fuentes próximas a La Caixa admiten que la venta no ha sido “un gran negocio lucrativo” para la entidad. Fuentes del Govern de Salvador Illa apuntan que la negociación ha sido “muy dura”.

Fuentes consultadas por SER Catalunya señalan que el Incasòl hacía tiempo que tenía detectados los inmuebles de La Caixa, pero que nunca había fructificado la negociación para que los adquiriera el Govern. De hecho, InmoCaixa, la filial dedicada a la gestión y comercialización de inmuebles de Criteria (holding inversor de la Fundación La Caixa), se estaba desprendiendo de sus activos inmobiliarios vendiéndolos a fondos de inversión. Las mismas fuentes aseguran que, con la llegada de Josep Jordana al frente de InmoCaixa en marzo de 2024, se abrió una nueva etapa con mayor predisposición a llegar a acuerdos.

Fuentes conocedoras añaden que vender los pisos al Govern ha permitido a La Caixa desinvertir en vivienda manteniendo una perspectiva social y, al mismo tiempo, cultivar una buena relación con la administración. A finales de año, con Salvador Illa ya en la presidencia, se anunció la primera compra de 450 pisos.

Entre 2024 y 2025, la Generalitat ha adquirido 2.684 pisos: 1.791 a través de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, mediante el derecho de tanteo y retracto. Esto significa que la Generalitat puede igualar las condiciones que ofrece un comprador y quedarse con una vivienda que, por ejemplo, proceda de una ejecución hipotecaria o esté situada en una zona declarada mercado residencial tensionado y sea propiedad de un gran tenedor persona jurídica. Los 893 pisos restantes los ha comprado el Incasòl, que se encarga de negociar lotes de viviendas en fincas enteras de grandes tenedores, como por ejemplo los 843 de La Caixa.

Nuevos pisos públicos de alquiler asequible

Los inmuebles adquiridos a La Caixa se incorporarán de manera permanente al parque público de alquiler asequible de Catalunya. Eran viviendas protegidas de promoción privada sobre suelo privado. De este modo, la Fundación La Caixa se desprende de buena parte de su parque de alquiler. Según fuentes de la entidad, su obra social sigue ahora otras líneas estratégicas distintas de la vivienda, como la pobreza infantil, la atención a las personas mayores, la educación o las becas para investigación.

En el caso del último paquete de 1.064 viviendas, la gran mayoría de los pisos tienen inquilinos dentro. El Govern ha asegurado que, una vez firmada la compra, la Agència de l’Habitatge de Catalunya se pondrá en contacto con todos los vecinos para renovar los contratos o regularizar su situación.