Las fundaciones señaladas por los pagos indebidos a extutelados han cobrado más de 350 millones de euros de la Generalitat la última década

Barcelona

Las fundaciones Resilis y Mercè Fontanilles, señaladas por los pagos indebidos a la DGAIA, han facturado más de 350 millones de euros a la Conselleria de Derechos Sociales en los últimos 10 años. Es la suma de contratos con concurso público, contratos menores y subvenciones. Datos del Govern a los que ha tenido acceso SER Catalunya muestran cómo estas dos entidades están entre las principales contratistas de la Generalitat en el ámbito de la infancia.

La Unión Temporal de Empresas entre ambas fundaciones, que gestiona el servicio encargado del seguimiento de las ayudas públicas a extutelados (SEVAP) y también programas de inserción laboral para estos jóvenes, suma 37 millones de euros en la última década, pero la mayor parte, más de 200 millones en el caso de Resilis y más de 100 en el de Mercè Fontanilles, se han facturado por distintos servicios de acogida: centros residenciales de menores, plazas de emergencia para jóvenes recién llegados, pisos tutelados y albergues para menores no acompañados.

Junto con Diagrama, otra fundación que ha recibido durante estos años cerca de 180 millones de euros, son tres de los grandes contratistas de la Conselleria de Derechos Sociales, todos agrupados bajo el paraguas de Plataforma Educativa, que aglutina fundaciones y entidades del tercer sector.

En 2025, cuando ya había estallado el caso de los pagos indebidos a la DGAIA que sacudió al departamento y obligó a refundar esta dirección general, incluido el cambio de nombre, Resilis y Mercè Fontanilles facturaron a Derechos Sociales más de 40 millones de euros: 5,3 millones a través de la UTE de ambas fundaciones, 13,5 millones Mercè Fontanilles y 22,8 millones Resilis.

SER Catalunya avanzó en su momento que el Govern, ya con la refundación de la DGAIA anunciada y con el escándalo en la palestra pública, prorrogó la externalización del seguimiento a jóvenes extutelados a estas dos fundaciones, que prestarán el servicio al menos hasta diciembre de 2026.

Cambios en las contrataciones

Fuentes de la Conselleria de Derechos Sociales aseguran que ya se está trabajando para que la UTE de Resilis y Mercè Fontanilles deje de gestionar el seguimiento de las ayudas a extutelados cuando caduque el contrato en diciembre de 2026. Recuerdan también desde el departamento que hay 86 entidades que prestan servicios a la DGPPIA (antigua DGAIA), y que ambas fundaciones cuentan con una larga experiencia en la atención a la infancia vulnerable.

Desde la conselleria también subrayan que el coste de los servicios lo fija la administración y que las entidades ganan el concurso de acuerdo con criterios técnicos y de calidad. Desde el departamento que lidera la consellera Mònica Martínez Bravo destacan que la reestructuración de la DGPPIA tiene el foco, especialmente, en la gestión de las prestaciones. Aun así, tal y como avanzó esta emisora, los pagos indebidos continúan tras la reestructuración, con algunas disfunciones que el Govern asegura que se irán corrigiendo con el paso del tiempo.

Señaladas por “importantes disfunciones”

La auditoría externa que encargó Derechos Sociales a raíz de la crisis de pagos indebidos en la DGAIA, adelantada por SER Catalunya, detectó “importantes disfunciones” y “procedimientos ineficaces” en el seguimiento de las prestaciones económicas y de vivienda para jóvenes extutelados. El documento, de 22 páginas y al que ha tenido acceso SER Catalunya, descarta el fraude, pero muestra que la UTE de Mercè Fontanilles y Resilis estuvo otorgando ayudas a los extutelados sin realizar ningún seguimiento posterior. Una mala praxis que ya existía cuando el servicio no dependía de estas dos fundaciones.

El informe analiza la práctica administrativa de estas ayudas entre 2022 y 2024 en la demarcación de Girona —donde se originó la denuncia de irregularidades por parte de un trabajador— y concluye que en 29 de los 32 expedientes iniciados por la DGAIA antes de externalizar el servicio “no constan actuaciones de seguimiento y verificación que exige la normativa”. También señala que 16 de estos beneficiarios no deberían estar percibiendo la ayuda porque ya tenían empleo con un sueldo superior al IRSC (Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña), que marcaba el límite para tener derecho a ella.

La auditoría también consideraba que los trabajadores del SEVAP, el servicio que realizaba el seguimiento, asumían cargas de trabajo excesivas y actuaban con gran profesionalidad ante las dificultades y la complejidad de sus tareas. El hecho de trabajar con un colectivo extremadamente vulnerable condiciona su día a día y el propio seguimiento de las prestaciones.