Imputado un concejal del PSC en Granollers por un taller de falsos cócteles molotov contra la policía

Barcelona / Granollers

El juzgado de Granollers ha imputado al tercer teniente de alcalde de la ciudad, Martí Pujadas, del PSC, por el taller de la Fiesta Mayor de hace dos años donde se fabricaban falsos cócteles molotóv para lanzarlos contra un muñeco vestido de policía. En el auto al que ha accedido la Cadena SER, el juez de instrucción 3 de Granollers también ha citado a declarar como investigados a tres responsables de la colla de los Blaus, quienes organizaban la actividad. Se trata de la presidenta, el tesorero y el vocal del grupo. La fiscalía les acusa de los delitos de injurias a la policía e incitación a los desórdenes públicos agraviados.

Los cuatro deberán declarar ante el juez el próximo 5 de mayo entre las 11:00 y las 12:30. Pujadas, que actualmente es concejal de Hacienda peron en 2024 llevaba la carpeta de Cultura, será el último en dar explicaciones del taller que hace más de un año y medio desató la polémica bajo el título Técnicas aplicadas a la guerrilla urbana. La actividad estaba organizada por los Blaucops, un subgrupo dentro de los Blaus, que año tras año se enfrentan al grupo rival, los Blancs, en una gran gincana de actividades de Fiesta Mayor la última semana de agosto.

Aquel año, 2024, las imágenes de niños participando a un taller de guerrilla urbana provocaron la polémica y obligaron la alcaldesa de Granollers, Alba Barnusell, a comparecer públicamente. La socialista tildó la actividad de “desafortunada” y de “hecho aislado”. Aun así, los Mossos d'Esquadra presentaron un atestado al juzgado, que se sumó a la querella de varios sindicatos policiales y del partido de extrema derecha Vox. Dos meses después, el juzgado rechazó tanto el informe policial como las denuncias y archivó el caso. Pero la Fiscalía lo recurrió al considerar que, aunque los hechos no eran constitutivos de un delito de odio, “sí que había indicios mínimos de criminalidad respeto los delitos de injurias a las fuerzas y cuerpos de seguridad” y “desórdenes públicos agravados”.

La Audiencia de Barcelona ordena investigarlo: "No puede ampararse en la sátira"

Hace un año, el 31 de marzo de 2025, la Audiencia Provincial de Barcelona dio la razón al Ministerio Público y ordenó la reapertura de la investigación. En la interlocutoria consultada por la SER, los magistrados destacan que el acto investigado era un taller aprobado por el Pleno de un Ayuntamiento. “El acto está claro sobre sus pretensiones: habla de preparación de guerrilla urbana” y “se alienta a acciones violentas concretas”. Los magistrados coinciden que no se puede entender como una broma entre amigos porque entre los participantes no había policías que pudieran validar la broma. “Tampoco puede ampararse en la sátira”, claudican.

Los hechos en cuestión se produjeron el 27 de agosto de 2024 en la Plaza de Can Trullàs de Granollers. Los Blaucops organizaron una actividad, según el atestado de los Mossos, dedicada a “simular la fabricación de artefactos incendiarios tipos cóctel Molotov y a tirarlos contra un muñeco vestido de policía” para que los participantes “quemen su rabia”. En la actividad, añaden los jueces, “se enseñaba a hacer barricadas y arrastrar contenedores contra un cartón que simulaba ser una furgoneta de policía con el número 1312", asociado por su orden alfabético con las siglas ACAB, que se traducen en el lema “All cops are bastards”, osea, todos los policías son bastardos, en su traducción del inglés.

Los jueces sobre el Ayuntamiento: "Tendrían que haber solicitado más información"

El informe policial recalca que la actividad “se anunciaba para todos los públicos” y que el Ayuntamiento tenía “pleno conocimiento”, a pesar de que el consistorio haya asegurado que los Blaus “solo dijeron que harían un taller de sátira sin concretar nada más”. Los jueces de la Audiencia Provincial no comparten la tesis de descarga de responsabilidad del consistorio: “Un principio de prudencia recomendaría haber solicitado más información, si es que no lo hicieron”, escriben en el auto que obligó a reabrir el caso y en el que añaden que debían tener en cuenta que los años previos ya se produjeron actos similares contra el mismo colectivo.

“Partiendo de la premisa que las Fuerzas y Cuerpos del Estado tienen que asumir que los ciudadanos tienen un derecho particularmente amplio en la hora de expresar críticas a su funcionamiento, o su propia existencia, consideramos que sí que hay indicios de criminalidad suficientes para iniciar una investigación judicial”, concluyen los magistrados de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Provincial de Barcelona.

La Audiencia no descarta nuevos delitos: "Es una actividad financiada con dinero público"

Los magistrados coinciden que los hechos pueden encajar en la incitación a la realización de desórdenes públicos e injurias a los agentes, pero no descartan que la investigación pueda hacer aflorar otros delitos “teniendo en cuenta el aparente nulo control sobre qué actividades se dirigían a adultos y cuáles a menores”. “A nuestro criterio, no resulta admisible que, en una actividad pública y financiada con dinero público, a priori, se fomente la violencia explícita contra nadie (sea institución pública o particular)".

Tras los hechos, hace 19 meses, el grupo organizador hizo un comunicado en las redes sociales en el que lamentaban "la interpretación de uno de los actos" y aseguraban que "en ningún caso" se había "querido ofender a los cuerpos de seguridad ni incentivar la violencia". Los Blaus enmarcaban lo sucedido en "un acto lúdico en el marco de la Fiesta". Ahora, año y medio después, sus responsables tendrán que ir al juzgado a dar explicaciones en calidad de investigados.