Móstoles vuelve a pedir a la Comunidad que finalice el tren hasta Navalcarnero
Los trabajos están parados desde 2010
Móstoles
La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse (PSOE), ha reiterado este jueves a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que corresponde "a la Comunidad de Madrid" reanudar las obras de prolongación del tren de Móstoles a Navalcarnero, así como asumir el coste de las mismas.
Así lo ha señalado la regidora socialista tras acudir este jueves a la Asamblea de Madrid junto a otros alcaldes y portavoces de municipios afectados, donde ha recordado al PP que "fue su propio partido", con el exalcalde Esteban Parro, el que "comprometió 50 millones del dinero de los mostoleñas y mostoleños en este tren".
Esta reivindicación se produce un día después de que el PP de Móstoles avanzara que llevará al próximo Debate sobre el Estado del Municipio una propuesta para que el Gobierno central asuma, a través de fondos europeos, al soterramiento la línea C5 de Cercanías a su paso por Móstoles y su prolongación hasta Navalcarnero.
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La petición de Posse va en la línea de lo que solicitó la semana pasada el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, quien junto a alcaldes y portavoces socialistas de 17 municipios instó al Gobierno regional a reanudar estas obras, ya que el convenio firmado en 2007 "sigue en vigor a pesar de que el proyecto se paralizó en 2010".
Desde el PSOE reiteran que fue la Comunidad de Madrid quien convenió en 2003 incluir la citada conexión ferroviaria para dar servicio a una población creciente de más de 270.000 habitantes -según las previsiones de Esperanza Aguirre-, por lo que insisten en que debe ser el Gobierno regional quien la finalice.
En 2007 se adjudicaron las obras a una filial de OHL (Cemonasa), que paralizó en un primer momento las obras en 2010 y que, tras más de 140 millones invertidos, decidió en 2017 rescindir el contrato de adjudicación, lo que dio al traste definitivamente con la construcción del tren por parte de la concesionaria.
Comenzó entonces un rifirrafe judicial en el que tanto la Comunidad de Madrid como la constructora se reclamaron mutuamente indemnizaciones millonarias y que se saldó en 2022 con una sentencia que condenó al Gobierno regional a pagar 188,4 millones de euros por el tren no construido.
Además, esta no ha sido la única tangente judicial de este proyecto, ya que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González aún tiene que sentarse en el banquillo en el juicio de la operación Lezo acusado, entre otras cosas, de embolsarse comisiones irregulares en la adjudicación del tren de Navalcarnero.
"Casi 15 años después la obra sigue sin concluir, la adjudicación de los trabajos está judicializada por corrupción y los habitantes de la región seguimos pagando la millonaria factura por un tren que nunca ha llegado", ha lamentado Posse, recordando que el caso sigue pendiente de la justicia.
De hecho, desde 2017, la Comunidad de Madrid ha venido argumentando la judicialización de la obra como causa para no reanudarlas, a la espera de que esta se resolviera, aunque ahora pide al Gobierno central que sean ellos quien lo hagan.
Sin embargo, Posse y otros alcaldes de la zona han solicitado que no se les siga "castigando con la herencia de la presunta corrupción del PP" y que "asuman su compromiso" y "doten a los municipios afectados por el trazado del tren de Móstoles a Navalcarnero de un transporte público de calidad"