Casi cuatro años de cárcel por no pagar jamones a empresas, una de ellas en Leganés

Valladolid

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a penas que suman tres años y diez meses de prisión a los dos acusados de estafar casi medio millón de euros a empresas de toda España, la mayoría de productos cárnicos, hace una década. Una de las empresas perjudicada estaba radicada en Leganés. El juicio, que se iba a celebrar al principio del pasado mes de mayo, hubo de aplazarse por no coincidir ambos acusados.

En concreto, se condena a Diego L.G, el que fuera testaferro u 'hombre de paja' de la estafa a un año y cuatro meses de prisión, con los que se conformó en el juicio, como autor de un delito continuado de estafa agravada y multa de 360 euros, todo ello con las atenuantes de dilaciones indebidas, confesión (arrepentimiento) y drogadicción. Por otro lado, por un delito de pertenencia a grupo criminal y teniendo en cuenta las mismas atenuantes, a dos meses de prisión que se sustituyen por una multa igual a la anterior.

Por su parte, la Audiencia, en el fallo al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, condena al empresario murciano José A.N. a dos años de cárcel y multa de 1.260 euros por el delito continuado de estafa agravada, con agravante de reincidencia y atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación parcial del daño, y a seis meses de prisión por delito de pertenencia a grupo criminal, también con la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas.

A ambos se les imponen las costas y deberán abonar, de forma solidaria y junto con la empresa Dismarianga S.L.U. las cantidades pendientes a más de una decena de empresas afectadas.

El Ministerio Fiscal solicitaba para el primero de ellos la citada pena, con la que se conformó el acusado, y para el segundo cuatro años de prisión y 3.000 euros de multa por el primero de los delitos y otros seis meses de cárcel por el segundo. En éste último caso, la defensa pidió la absolución y mantuvo que los hechos imputados no son ciertos y que su patrocinado no tuvo participación alguna en los mismos y, de forma alternativa o subsidiaria, invocó la prescripción del delito, la atenuante de dilaciones indebidas y la atenuante de reparación del daño. Por su parte, la defensa de Dismarianga se opuso a la responsabilidad civil que se le atribuía.

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Durante el juicio, Diego L.G. acusó al otro acusado, el empresario murciano José A.N, de utilizar a toxicómanos, entre ellos el propio declarante, para que figuraran como administradores de sus empresas a fin de no hacerlo él en los papeles ni firmar nada y así salir indemne de dicha actividad delictiva.

GRAVE ADICCIÓN

Además, confesó que no se pensó ni un segundo el ofrecimiento que José A.N. le hizo en su día para que desde el 19 de diciembre de 2011 figurara como administrador de Dismarianga SLU, con sede en Valladolid, debido a su grave adicción a la cocaína, la misma que le ha llevado a cumplir importantes condenas por tráfico de drogas en varios países de Sudamérica.

Precisamente, llegado preso desde Argentina gracias al proceso de extradición concedido, Diego L.G. pactó una sustancial rebaja en su condena, de cinco años y medio a tan solo un año y cuatro meses a cambio de declarar contra su exjefe, José A.N, a quien atribuyó la confección de la trama con la que logró estafar casi medio millón de euros a distintos proveedores de mercancía, la mayoría de productos cárnicos.

'El señor José era el cerebro. Nunca firma nada, no deja huella, para eso tiene a otras personas, yo entre ellas. Soy culpable dos veces, por tonto, por haberme dejado engañar para estafar a gente honrada, y por caer en la droga', lamentó Diego L.G durante la vista, en la que explicó que él no sabía nada de sociedades limitadas ni nada de empresas y que se limitaba a ir al notario para firmar y contactar con proveedores, por indicación de su compañero de banquillo, con el único objetivo de hacerse con un dinero para sufragar su adicción.

Diego reiteró que el empresario murciano no sólo le utilizó a él como mero instrumento sino también a otros toxicómanos. 'Hemos sido víctimas elegidas', censuró el acusado, quien el 13 de marzo de 2012 se presentó en la comisaría de la Policía Nacional en Murcia para denunciar los hechos y contar que los proveedores no cesaban de llamarle para reclamarle el pago de las mercancías. 'El señor José es muy conocido en el mundo de la estafa, de hecho cuando fui a denunciar la policía ya tenía fotos de él', recordó.

El presente proceso juicial ha atravesado numerosas vicisutes en forma de suspensiones y conformidades, ya que otros dos de los implicados, Antonio Mariano G.H. y José Javier C.G, ya pactaron en su día sus respectivas condenas de dos años de cárcel, mientras que el hijo del principal inculpado, Julián A.T, permanece en paradero desconocido.

Su progenitor, José A.N, ha mantenido su inocencia y se ha desmarcado de las operaciones de compra de material de Dismarianga, una mercantil con la que, como así ha apuntado, nunca ha tenido nada que ver, al tiempo que ha acusado a Diego L.G. de montar su 'habitual papelito de drogodependiente'.

'UN MENTIROSO COMPULSIVO'

El presunto cabecilla de la trama reconoció haber transferido a Diego distintas empresas al comunicarle éste su intención de montar un restaurante y ha especificado que la enemistad entre ambos surgió cuando descubrió que una finca que le había alquilado a él y un colombiano la estaban utilizando ambos para asuntos de droga.

'Diego es un mentiroso compulsivo. El y su amigo estaban escondiendo cocaína entre la escayola y el tejado de la casa que les había alquilado y por eso tuve que denunciarles ante la Guardia Civil', ha sostenido José A.N. para explicar el por qué de la animadversión hacia su persona por parte de la principal prueba cargo presentada ahora en el juicio por la fiscal del caso.

La acusadora mantiene que los acusados abonaban inicialmente los pedidos para así ganarse la confianza de sus víctimas y a posteriori realizaban pedidos mucho más cuantiosos y una vez recibida la mercancía simulaban el abono mediante pagarés los cuales, llegado su vencimiento, eran devueltos por los bancos por falta de fondos.

Mediante este procedimiento, a lo largo de 2011, realizaron numerosos pedidos de mercancía a empresas radicadas en distintos puntos de España, desde Valladolid, Lugo, Leganés, Madrid, Barcelona, Guijuelo (Salamanca), Girona, Badajoz y Segovia, de las que obtuvieron genero por importe global de 446.196 euros que no abonaron.