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Tribunales | Actualidad

Querella ante el juzgado contra la alcaldesa de San Lorenzo del Escorial por un delito de prevaricación

Los familiares de víctimas del Franquismo solicitan su interrogatorio y las actas del Pleno municipal donde se conculcó la legalidad

Las nubes de tormenta rodean el Valle de Los Caídos

Madrid

El juzgado de Instrucción del Escorial ya tiene registrada la querella por prevaricación contra la alcaldesa de San Lorenzo del Escorial, Carlota López Esteban, por paralizar la licencia de obras en el Valle de Los Caídos para la exhumación de 104 víctimas del franquismo enterradas en Cuelgamuros desde hace 80 años.

Esta querella se fundamenta en que existen dos resoluciones judiciales que obligan a los poderes públicos a practicar las exhumaciones pero que el ayuntamiento sanlorentino no asume alegando que cabe recurso.

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La querella ha sido presentada hace unas horas por Purificación Lapeña, nieta de los hermanos Lapeña, asesinados por falangistas en la zona de Calatayud en 1936 y que reposan en Cuelgamuros y por la presidenta de la Asociación de familiares con inhumados en el Valle de los Caídos, Silvia Navarro, nieta de otro fusilado por los golpistas también en Calatayud.

Se solicita el procesamiento por la vía penal de Carlota López por el delito de prevaricación al negarse a reactivar la licencia de obras, tal y como ella misma afirmó en la sesión del pleno municipal del 30 de junio pasado.

En su querella, los afectados detallan que se conculca el principio legal que impide a cualquier administración actuar contra resoluciones judiciales y limitar con ello los derechos de otras personas. En este caso vulneración de la reparación a las víctimas, vulneración del principio de igualdad y de la dignidad de las personas.

El abogado de las familias, el letrado madrileño Eduardo Ranz, ha declarado a @La_Ser que hace un año ese ayuntamiento concedió la licencia sin dar un problema pero ahora no cumple un fallo judicial que le obliga porque es un administración local y no puede ir en contra de la ley. Para Ranz, la alcaldesa quiere seguir incrementando el dolor de las familias pero ha incurrido en un delito con pena de inhabilitación.

Los querellantes solicitan al juzgado de instrucción del Escorial el interrogatorio de la alcaldesa, así como las actas del pleno municipal en el que Carlota López dijo no a la activación de la licencia.

 
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