Lavapiés se queda sin barrio

Lavapiés ha sido el barrio de la multiculturalidad, del arte urbano, del activismo político, de la confluencia de razas. Se resiste a perder su personalidad, pese a la devastación intencionada que comenzó en 2017 y que se ha intensificado estos últimos meses, según denuncian los vecinos.

Las madres ya no llevan a los niños al parque, las mujeres no se sienten seguras caminando solas por la noche. Con la llegada del crack, se están dando escenas que llevaban décadas sin verse en Madrid: "He tenido que atravesar una fila de doce personas consumiendo para poder entrar a mi casa", cuenta una vecina de la calle Amparo. Solo en su perpendicular, Caravaca, hay tres narcopisos.

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Expulsión de los vecinos

Una de las imágenes más dolorosas que contemplan a diario los residentes, es el estado de los menores de edad utilizados por las mafias para traficar. Muchos de ellos son adictos a las drogas duras desde la preadolescencia. "Conocemos a un chico de 12 años al que ya le han dado varios comas por consumo de crack, uno de más de 10 horas", cuenta un residente.

Enrique Villena, dueño de Confecciones Mari, se rompió la cadera hace un mes, cuando trataba de detener a un hombre que había hurtado en su mercería. "No se puede traer gente al barrio si no se le va a ayudar. No hay cosa más triste que ver todos los días a niños enganchados a la droga. Hay que darles una educación, un trabajo, un futuro... No les puedes dejar en la calle, solos, como está sucediendo, porque entonces van a tener que sobrevivir como puedan", expresa el comerciante.

Varios vecinos coinciden en que las peleas, el narcotráfico y la suciedad no están resurgiendo de forma casual. "Esto que está sucediendo no es algo nuevo en Lavapiés, esto pasa cíclicamente desde los años 80. Cada vez que quieren renovar el tejido social del barrio, cada vez que quieren especular con la vivienda, cada vez que hay que hacer cosas que interesan a los poderes fácticos, Lavapiés se degrada", asegura Villena.

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Abusos inmobiliarios

Elia Marcos, uno de los miembros de Lavapiés Denuncia, lleva 26 años en el barrio, pero sus amigos de toda la vida han tenido que abandonarlo. A algunos les han duplicado el alquiler, a otros les ha llegado un burofax expulsándoles del piso en el que llevaban décadas, después de que un fondo buitre comprase el edificio. "La violencia no está solo en nuestras calles, también en las inmobiliarias", insiste.

Una vez los inversores se hacen con un edificio lo convierten en 'Airbnb' o piso para rentas altas. En 2020, tuvo que cerrar El Baobab, un icónico restaurante senegalés, después de que el edificio fuese adquirido por el mismo inversor que compró el bloque del Hotel Ibis. De momento, el inmueble continúa vacío. "Está claro que no son pequeños propietarios los que los están adquiriendo para invertir los ahorros de su vida. Son grandes fondos de inversión, que ni siquiera saben lo que están comprando. Lo hacen al azar porque saben que en unos años se va revalorizar. Estamos inmersos en un proceso de gentrificación salvaje... creo que no es casual que el único colegio público del triángulo de Lavapiés lleve cinco años cerrado por obras", asegura. También señala varios responsables de la situación: desde el Ayuntamiento a la Delegación del Gobierno, pasando incluso por los propios vecinos, "por no haber sido capaces de organizarse antes, para frenar ciertas dinámicas especulativas".

Los comercios tradicionales se están reemplazando por franquicias o locales de estética 'hípster', muy enfocados al turista . En el mercado de San Fernando, apenas quedan puestos de abastos; se han sustituido por bares. Marcos explica que, pese a estar construido en suelo público con precio de alquiler tasado, los traspasos de local han alcanzado cifras desorbitadas. Además, enumera más ejemplos de pérdida de identidad en los comercios del barrio: el gallego O Pazo de Lugo, en la calle Argumosa, que antes servía comida de excelente relación precio-calidad, se ha transformado en un bar turístico que ha triplicado los precios, o en las calles Tribulete y Esgrima ha aparecido la franquicia Pum Pum, sustituyendo a las cafeterías y panaderías "de barrio".

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Plan integral

En las últimas semanas, se ha incrementado la presencia policial en las calles de la zona y se han instalado más cámaras de videovigilancia. Para muchos residentes son medidas insuficientes. Exigen políticas sociales y que se den las condiciones para que los vecinos puedan permanecer en el barrio, sin verse obligados a vender sus viviendas debido a la inseguridad, o sin ser expulsados por un fondo de inversión. "Si quieren evitar los narcoedificios, lo que se necesita es que el bloque esté ocupado por viviendas... Se tienen que sentar todas las jurisdicciones, hay que impulsar un plan de droga actualizado y una política urbanística decente, pero sobre todo que tiene que haber residentes. Si queremos acabar con el tráfico de droga en las plazas, es imprescindible que haya vecinos en ella. Y eso es lo primero que se están cargando", destaca la vecina de la calle del Amparo.