El alcalde de El Boalo-Cerceda-Mataelpino defiende el pago municipal del autobús a la manifestación por la sanidad pública

El Boalo

El Partido Popular de El Boalo-Cerceda-Mataelpino ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción al alcalde de la localidad, Javier de los Nietos y a la concejala de Participación y Transparencia, Isabel Giménez, por un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Los populares acusan al ejecutivo local de contratar autobuses con dinero público para acudir a la manifestación en favor de la sanidad pública celebrada el pasado 13 de noviembre. El PP ha reclamado al juzgado que solicite la propuesta del gasto, el informe de Intervención y el soporte documental que los justifique. Para los populares se trataba de una manifestación contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que había sido una gestión desleal y que podría haberse cometido un perjuicio patrimonial al Ayuntamiento.

El propio regidor, Javier de los Nietos, ha confirmado en Hoy por Hoy Madrid Norte, que aprobaron un gasto de 1.063 euros para facilitar a 144 vecinos del municipio a acudir a una manifestación en la que, afirma, no hubo siglas de ningún partido sino la defensa de un servicio esencial para el municipio como es el acceso a la Sanidad Pública.

De los Nietos ha afirmado que este gasto de 7,39 euros por plaza financiada, cuando la ida y vuelta a Nuevos Ministerios cuesta 11 euros, es “el mejor gasto que ha hecho el Ayuntamiento durante 2022” y ha anunciado que si tienen que financiar de nuevo autobuses para defender la Sanidad Pública, serán los primeros en hacerlo.

El alcalde ha insistido en que la asistencia media de una ambulancia del SUMMA a la comarca es de entre 35 y 40 minutos, lo que puede suponer graves consecuencias para la salud de los afectados que antes se podían combatir con las Urgencias Médicas Rurales. De los Nietos ha explicado que este servicio se prestaba perfectamente desde 2005, pero desde la reorganización llevada a cabo por el gobierno de la Comunidad de Madrid ha pasado de dos a un solo médico, no permitiendo el desplazamiento a domicilio ante un aviso de urgencias.

El Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino presentaron en el mes de noviembre una queja ante el Defensor del Pueblo en la que se señaló que eliminar todos los médicos del servicio supone un hecho muy grave que atenta contra la prevención de la salud, poniendo en riesgo la seguridad sanitaria especialmente de grupos de población como las personas con movilidad reducida, las personas mayores con mayor número de patologías crónicas, la infancia y juventud que requieran asistencia por algún tipo de maltrato o agresión, o las mujeres en riesgo de exclusión por violencia de género que requieran algún tipo de asistencia urgente.