La Fiscalía no ven indicios de delito en el bus municipal de El Boalo para la manifestación por la Sanidad Pública

El Boalo

El Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino ha hecho pública la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de rechazar la denuncia realizada por el Partido Popular contra el gobierno local por la contratación de un autobús para trasladar a la ciudadanía a la manifestación en defensa de la Sanidad Pública el pasado 13 de noviembre.

La denuncia de los populares de la Comunidad de Madrid acusaban al alcalde de la localidad, Javier de los Nietos y la concejala de Participación Ciudadana y Transparencia, Isabel Giménez, de prevaricación y malversación de caudales públicos, al considerar que esta manifestación se había convocado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, “en una gestión desleal del patrimonio municipal”.

Ahora la propia Fiscalía Anticorrupción afirma que no ve ningún indicio de supuesto delito de los responsables públicos del consistorio, y declina iniciar diligencias previas ni investigación alguna sobre el expediente.

La Fiscalía da la razón así al regidor Javier de los Nietos, que en una rueda de prensa el pasado 23 de diciembre, explicó que se había aprobado un gasto de 1.063 euros para facilitar a 144 vecinos del municipio acudir a una manifestación convocada para defender un servicio esencial para la ciudadanía. De los Nietos ha insistido en Hoy por Hoy Madrid Norte, en que no hubo siglas de ningún partido político y que volvería a financiar autobuses si es necesario volver a defender la Sanidad Pública.

De los Nietos espera que se recupere cuanto antes el tono y la normalidad en la gestión política del municipio, contaminada durante las últimas semanas por lo que ha calificado como “estrategia de falsas acusaciones vertidas por el PP regional”. Esta estrategia, afirma el regidor, busca tapar la crisis de gestión sin precedentes que vive el Sistema de Atención Primaria en la Comunidad de Madrid.

El alcalde ha insistido en que la asistencia media de una ambulancia del SUMMA a la comarca es de entre 35 y 40 minutos, lo que puede suponer graves consecuencias para la salud de los afectados que antes se podían combatir con las Urgencias Médicas Rurales. Este ayuntamiento envió una carta al Defensor del Pueblo por el cierre de un servicio que se prestaba perfectamente desde 2005.