Retraso en la ampliación del Hospital Universitario de Móstoles tras 'el incumplimiento' de la empresa

Móstoles

La Comunidad de Madrid ha autorizado la resolución del contrato para las obras del nuevo edificio y refuerzo de estructura del edificio principal del Hospital Universitario de Móstoles, adjudicado en 2021, unos trabajos que estaba previsto que culminaran en 2023 pero que apenas han comenzado.

Este paso permite a la Administración la licitación de un nuevo contrato. Según han indicado a Europa Press fuentes del Ejecutivo, este proyecto se está rehaciendo "buscando las mejores fórmulas e incluyendo nuevas zonas del hospital".

El contrato fue adjudicado en octubre de 2021 a la UTE Barroso Nava y Compañía y COMSA S.A.U por importe de 20.571.977,85 euros (IVA incluido) y firmado con fecha 16 de noviembre por el entonces viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero.

La resolución del mismo se ha acordado "ante el notorio incumplimiento" por parte de la UTE "de la obligación contractual principal", es decir, "la ejecución de la obra, en tiempo y forma", según dictaminó recientemente la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid.

El plazo de ejecución era de 25 meses desde el acta de comprobación de replanteo y la autorización del inicio de la obra, con el contrato firmado entre las partes con fecha de 1 de diciembre de 2021. Según estos plazos, los trabajos de ampliación estaba previsto que finalizaran a principios de 2023.

Las obras previstas contemplaban la construcción de un nuevo inmueble de 18.600 metros cuadrados, distribuidos en siete plantas, y la reforma del edificio principal del centro. La nueva instalación del hospital albergaría las Consultas Externas, el servicio de Urgencias, el de Radiodiagnóstico y un aparcamiento.

Proceso 'muy complejo'

Tras un proceso "muy complejo que, por la cantidad de informes y trámites necesarios, exige mucho tiempo de desarrollo", la Comunidad ha aprobado así la resolución del contrato ante "los sucesivos retrasos por parte de la constructora, que no inició la ejecución de la obra y exigía modificaciones del contrato que no podían ser asumidas por la Consejería de Sanidad", además de tener pendientes todavía las licencias municipales para empezar las obras, han indicado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.

De hecho, más de dos años después, las obras prácticamente no han arrancado. "La mercantil contratista no ha venido cumpliendo con la programación prevista en la ejecución de la obra, cuestionándola en muchos aspectos, hasta el punto de que habiéndose superado el plazo total previsto para su ejecución, computado desde el Acta de replanteo, el desarrollo de la obra en el momento actual es notoriamente embrionario, puesto que, salvo actuaciones preparatorias de escaso relieve, en cuanto a la ejecución de la obra, no se ha dado inicio a actuación relevante alguna, ni se han tramitado pagos de licencias urbanísticas por parte de la UTE que permitan su estudio por la Gerencia de Urbanismo de Móstoles y por tanto pudieran llegar a ser aprobadas", determina la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad en su dictamen, consultado por Europa Press.

La UTE, que llegó a pedir la suspensión de las obras e interpuso recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la inadmisión de su petición de resolución de contrato, alegó la inviabilidad de la obra por causas técnicas al entender que el proyecto al que debería atenerse planteaba soluciones técnicas inadecuadas.

Según este informe, la contratista propuso que la central eléctrica que debería dar ser servicio al hospital fuera ejecutada en el patio del centro, al exterior del nuevo edificio, en lugar de integrarla en él a través de una primera fase, como estaba proyectada, lo que supondría ejecutar toda la demolición y la construcción del edificio en una única fase posterior.

Unos cambios que, según la UTE, obligarían a tramitar un modificado al haber resultado ampliadas sustancialmente las unidades de obra a ejecutar, "aunque inicialmente la propia contratista indicó que con ello se simplificaban y abarataban los trabajos", según señala Comisión Jurídica Asesora en este informe.

Contradictoria actuación de la UTE

"Debemos destacar la contradictoria actuación de la UTE contratista que, pese a admitir la encomienda efectuada para tramitar las solicitudes de las licencias y permisos necesarios, posteriormente negaba que tales gestiones estuvieran entre sus obligaciones", añade la Comisión Jurídica Asesora.

En su dictamen, además, recrimina a la UTE "una maliciosa interpretación del comportamiento de la Gerencia del hospital que, tras evidenciar que la obra principal no comenzaba, habría decidido habilitar nuevamente el patio del hospital para canalizar el suministro de mercancías".

"La contratista utilizó esa situación torticeramente en el recurso de reposición, alegando que los terrenos no estaban a su disposición para poder ejecutar la obra, planteando que la causa de resolución verdaderamente concurrente sería imputable a la propia administración (...) encontrándose actualmente la desestimación en vía administrativa de ese planteamiento recurrida en sede contenciosa", argumenta.

En este contexto, acuerda la resolución del contrato "con incautación de la garantía" aportada por la UTE, por un valor de 850.081,73 euros, a favor de la Comunidad, que pedía además una indemnización complementaria de 745.359,96 euros en metálico que no le ha sido reconocida en este dictamen.