Antonio Carmona aún no ha cobrado por el concierto que dió en San Sebastián de los Reyes el año pasado
Izquierda Independiente acusa al gobierno anterior de PSOE-Cs de haber firmado contratos presuntamente ilegales, el nuevo gobierno del PP estudia interponer acciones penales
Hablamos con Juan Torres, portavoz de Izquierda Independiente de Sanse, sobre las supuestas irregularidades en la contratación del concierto de Antonio Carmona
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San Sebastián de los Reyes
Antonio Carmona fue contratado por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes para el concierto que conmemoró el 531º aniversario de la fundación de la ciudad. Fue el 29 de abril de 2023 en la Plaza de la Constitución, con el gobierno de coalición de PSOE-CS al frente del consistorio. A día de hoy, el conocido cantante de flamenco aún no ha cobrado.
La deuda del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes con Antonio Carmona asciende a 36.000 euros, tal y cómo se confirmó en el último Pleno Municipal, en el que se reconoció esta reclamación económica por parte del artista y las resoluciones de asesoría jurídica tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid sobre el contrato.
El portavoz de Izquierda Independiente, Juan Torres, afirma que estas resoluciones muestran irregularidades muy graves en esta contratación, y denuncia que fue troceada para sortear la negativa de la mesa de contratación. Este organismo fue el que detectó irregularidades y paralizó el pago hasta la conclusión del expediente. Torres explica que las resoluciones jurídicas afirman que “es un documento de corte contractual presuntamente falso”, porque fue suscrito por una persona que tenía un cargo que no le habilitaba para ello, en concreto, denuncia, un ex asesor político del grupo Ciudadanos, actualmente Vecinos por Sanse.
Izquierda Independiente afirma que se trata de un nuevo escándalo del anterior gobierno de San Sebastián de los Reyes liderado por el alcalde socialista, Narciso Romero y el vicealcalde de Ciudadanos, Miguel Ángel Martín Perdiguero. Además, afirman que las resoluciones señalan que estas actuaciones podrían ser constitutivas de delitos de falsedad en documento público y/o usurpación de funciones públicas.
Desde el gobierno municipal actual, del Partido Popular, han enviado un comunicado en el que afirman que tras estudiar el proceso de contratación y recabar todas las pruebas existentes, el Ayuntamiento -al margen de todas las actuaciones administrativas que se desarrollen- está estudiando interponer acciones penales por la presunta comisión de un delito de falsedad en documento público y usurpación de funciones. Además, exigirá el pago de los 36.000 euros del evento a quienes hubieran participado en la contratación, presuntamente irregular.
El equipo de Gobierno explica que no dará ninguna declaración a los medios de comunicación hasta que la Justicia se pronuncie, más allá de mostrar su firme compromiso en la lucha contra la corrupción.
