El Gobierno de Ayuso reclama el dinero de la residencia a familias que perdieron a sus mayores en la pandemia

Madrid

Ángela Armingol recibió el pasado día 15 de marzo una carta firmada por el director general de Atención al Mayor y a la Dependencia, Óscar Álvarez López, en la que le dicen que tiene una deuda de 901,58 euros por los días de marzo y abril de 2020 que su padre estuvo en la residencia Amavir Valdebernardo (Madrid) hasta que falleció sin ir a un hospital. Se quedó impresionada. "Estuve tres días completamente paralizada. La he leído por arriba, por abajo, por delante y por detrás porque me parecía increíble. Los tres primeros días estuve en sock", cuenta.

Es una carta que en su casa ha removido un pasado doloroso. "Nos hemos sentido fatal, mi madre entró en pánico porque hemos tenido que recordar todo. De verdad que nos ha parecido una falta de dignidad", explica con una mezcla de tristeza y enfado. Su padre tenía 89 años, se llamaba Ángel y falleció el 2 de abril de 2020.

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A María de Álvaro le llegó ese mismo tipo de carta el pasado día 11 de marzo y no consigue entender algo así. "Que después de lo que ocurrió alguien haya aprobado en una reunión de directivos de la Comunidad de Madrid cobrarnos este dinero, ¿ cómo puede ser esto?", denuncia indignada.

Esta mujer perdió a su padre, Ángel de 94 años, el 5 de abril de 2020 en la residencia Ensanche de Vallecas (Madrid) sin recibir atención en un hospital. Ahora le reclaman 674,28 euros con 28 céntimos por el mes de marzo y los cinco días de abril. "Nos están reclamando por un servicio que no se presta y llevado hasta las últimas consecuencias. Se murió porque unos decidieron que no tenía derecho a tener una atención sanitaria digna. No quiero pensar porque eso es lo que me atormenta cuatro años después, pensar las condiciones en las que se murió", explica María.

Estas dos familias tienen claro que no van a abonar ese dinero. María dice de forma firme que "no los voy a pagar aunque vaya a la cárcel y no sé por qué no se cobraron a su debido tiempo cuando era una un recibo domiciliado". Y Ángela tiene pensado "iniciar una reclamación patrimonial contra la Comunidad de Madrid y voy a presentar un recurso de reposición al Tribunal Económico-Administrativo y les expondré las causas por las que me niego a pagar". Ambas familias también están sorprendidas con que la Comunidad de Madrid haya estado tanto tiempo buscando a las personas herederas de los fallecidos para poder enviarles la reclamación.

Fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales justifican esta petición porque dicen que "todas las administraciones públicas están obligadas por la legislación estatal a requerir a los ciudadanos sus deudas" y que "la legislación estatal no estableció ninguna excepcionalidad con las deudas pendientes durante la pandemia". Indican, desde el departamento que dirige Ana Dávila, que de forma periódica se revisan los expedientes de las plazas con financiación pública de las residencias y que, en el caso de las deudas de residentes fallecidos, el proceso es "complejo" y "se dilata en el tiempo" porque se le tiene que requerir a los herederos y hay que "localizar los domicilios".

En la Consejería de Asuntos Sociales recuerdan que los afectados pueden presentar un "recurso de reposición o reclamación económico-administrativa" y no dan datos de a cuántas familias se les están enviando estas cartas. En el último pleno de la Asamblea de Madrid la diputada socialista, Lorena Morales, denunció el caso de María. "¡Hay que tener poca humanidad para reclamarle a una familia 600 euros de miseria. Con una mano ustedes reclaman este dinero cuatro años después a las familias cuyos seres queridos murieron bajo los protocolos de la vergüenza mientras que con la otra le perdonan a las grandes fortunas mil millones de euros", contó. A lo que la consejera, Ana Dávila, contestó diciendo únicamente que "las reclamaciones a las familias provienen de un requerimiento del Tribunal de Cuentas".

En Radio Madrid denunciamos también un caso parecido hace dos años cuando la Comunidad de Madrid reclamaba 400 euros a una mujer por los dos meses que dejó la residencia en lo peor de la pandemia para irse con sus hijas. La familia no abonó el importe y, de momento, no ha vuelto a tener noticias de una nueva reclamación.