Martín Perdiguero afirma que la contratación de Carmona en San Sebastián de los Reyes se hizo como indicaron los técnicos

En el último Pleno Municipal de San Sebastián de los Reyes, Izquierda Independiente volvió a preguntar por las presuntas irregularidades en la contratación de Antonio Carmona para los conciertos de la conmemoración del 531º aniversario de la fundación de la ciudad del año 2023, gobernaba entonces la coalición de PSOE con Ciudadanos. El propio artista tuvo que reclamar al Ayuntamiento para cobrar por un contrato que según Izquierda Independiente fue troceado para sortear la negativa de la mesa de contratación y que fue suscrito por una persona que tenía un cargo que no le habilitaba para ello, un ex asesor político del grupo Ciudadanos.

Mientras el nuevo gobierno municipal del Partido Popular insiste en su compromiso con el cumplimiento de la legalidad, y afirma que se está estudiando y analizando el caso, el ex vicealcalde de Ciudadanos, Miguel Ángel Martin Perdiguero se defiende de las acusaciones.

Martín Perdiguero, que ahora es portavoz del partido Vecinos por Sanse, ha insistido en que este contrato se tramitó como indicaron los técnicos municipales. El ex vicealcalde señala varios correos electrónicos que recogen las órdenes del Director de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento con este contrato, o un informe municipal en el que se señala que el contrato de Antonio Carmona se debería tramitar por “un procedimiento negociado sin publicidad con adjudicación directa. Exclusividad”, “al no disponerse de tiempo para cumplir los plazos establecidos para este tipo de procedimientos”. Los documentos, a los que ha tenido acceso SER Madrid Norte, también señalan que “se tramitó por acuerdo de la mesa, como reconocimiento extrajudicial de crédito”, para eliminar futuras controversias jurisdiccionales entre las partes”.

Tanto Izquierda Independiente como el Partido Popular han insistido en la necesidad exigir el pago de los 36.000 euros del evento a quienes hubieran participado en la contratación presuntamente irregular, si así se demostraran los delitos de falsedad en documento público y/o usurpación de funciones públicas.