El centro para menores inmigrantes de Fuenlabrada comenzará a funcionar con un contrato de emergencia
La consejería de Servicios Sociales planea que esté listo para la segunda quincena de septiembre, porque el contrato de gestión ordinario arranca en noviembre
![Ana Dávila, consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, apunta a la segunda quincena de septiembre para abrir el centro de inmigrantes de La Cantueña en Fuenlabrada](https://cadenaser.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fsdmedia.playser.cadenaser.com%2Fplayser%2Fimage%2F20249%2F03%2F1725363235100_1725363313_asset_still.png?auth=4627a1baf7205c06d43eb2d4f6fd9b1e010d6c83dbb61f1f84e30906a1cdd2d1&quality=70&width=736&height=414&smart=true)
Ana Dávila, consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, apunta a la segunda quincena de septiembre para abrir el centro de inmigrantes de La Cantueña en Fuenlabrada
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Fuenlabrada
La Comunidad de Madrid ha insistido durante los últimos meses en que su intención es que el centro para menores inmigrantes no acompañados de La Cantueña en Fuenlabrada comience a funcionar este mes de septiembre. Sin embargo el contrato de gestión aprobado en Consejo de Gobierno entra en vigor en noviembre; para acortar plazos la consejería de Servicios Sociales está planeando aprobar un nuevo contrato de gestión temporal, pero en este caso por procedimiento de emergencia.
“Las obras han ido según las previsiones”, ha indicado la consejera Ana Dávila, añadiendo que la previsión de apertura es para “la segunda quincena de septiembre” por “la necesidad que tenemos por los traslados del Gobierno a la Comunidad de Madrid”.
Dávila ha remarcado que la apertura de este centro de La Cantueña en Fuenlabrada se debe “a la situación de crisis migratoria de la que llevamos alertando un año”. Su apertura ha despertado una importante oposición por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que paralizó temporalmente las obras y aprobó revertir su titularidad porque el centro no se utilizaría para los fines ambientales para los que se había cedido al Ejecutivo autonómico. Finalmente la Justicia desbloqueó las obras.