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Política

Leganés aumenta beneficios y reduce la deuda, especialmente en la Empresa del Suelo

El Ayuntamiento ha aprobado la cuenta general del año 2023 y destaca especialmente los 17,6 millones de beneficios obtenidos en EMSULE

La cuenta ha sido aprobada con los votos favorables del gobierno local / Ayuntamiento de Leganés

La cuenta ha sido aprobada con los votos favorables del gobierno local

Leganés

El Pleno del Ayuntamiento de Leganés ha aprobado la cuenta general del año 2023 en la que se refleja un aumento de los beneficios y una reducción de la deuda municipal. Aunque no se han dado datos concretos durante la sesión, la aprobación supone un mero trámite administrativo que refleja, en este caso, que han aumentado tanto los ingresos como el gasto del Ayuntamiento durante el pasado ejercicio.

Sí ha dado datos la Concejala de Hacienda, María Estévez, del resultado referente a la Empresa Municipal del Suelo y la vivienda de Leganés, EMSULE, cuyos cálculos también iban incluidos en la cuenta aprobada. En este caso, se ha producido “un gran incremento de los beneficios generados, alcanzando los 17.634.627 euros, frente al resultado negativo de 1.355.265 euros ejercicio anterior”, recuperando el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Precisamente sobre EMSULE se ha celebrado este miércoles una sesión de la Comisión de Investigación que desarrolla el Ayuntamiento para analizar la gestión de este organismo a lo largo de su historia. La sesión, la primera retransmitida a través de los canales digitales del consistorio, ha dado cuenta de la citación del responsable de Recursos Humanos de EMSULE, José Ángel García Hijón, que no se ha presentado.

No obstante, los presentes en la reunión (ULEG, que preside la comisión, PP, Más Madrid y Podemos) han aprobado elaborar un informe sobre los procesos de contratación de personal de la empresa y sobre si se cumplieron los criterios de mérito y capacidad en los mismos, ante las dudas de los comparecientes. Algo especialmente difícil toda vez que una de las conclusiones a las que se ha llegado es que la documentación relacionada con la contratación había sido destruida (algo legal, al haber transcurrido más de cinco años desde su origen).

 
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