La Fiscalía inicia una investigación sobre las muertes en residencias de ancianos de Madrid durante la pandemia

Madrid

La Fiscalía ha citado a declarar a varios familiares de personas que fallecieron en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia de covid-19. Esto ocurre en el marco de la denuncia colectiva presentada en octubre pasado, donde se considera que se cometió un delito continuado de denegación de prestación sanitaria por motivos discriminatorios. Las primeras declaraciones de los denunciantes están previstas para este miércoles, 8 de enero.

Así lo han anunciado este miércoles las asociaciones Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia en un comunicado conjunto. Las asociaciones han valorado positivamente el movimiento de la Fiscalía, destacando que es un paso que contrasta con la "pasividad mantenida ante denuncias y querellas previas".

Sin embargo, ambas asociaciones, que coordinan la denuncia colectiva y actúan como denunciantes, han advertido sobre el riesgo de que "los delitos denunciados prescriban" si no se actúa "con rapidez". Esto ocurriría a partir de la segunda quincena del mes de marzo, cuando se cumplirían cinco años de los hechos. "Necesitamos que se investigue por qué no se prestó atención sanitaria a nuestros hospitales, siendo el colectivo que más lo necesitaba", dice Carmen Martín, una de las denunciantes.

Denuncia colectiva

La denuncia colectiva fue presentada ante la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid el pasado 10 de octubre por 109 denunciantes, familiares de 115 personas que vivían en residencias en marzo de 2020, que vivían en 72 geriátricos diferentes de Madrid. En ella se considera que se cometió un delito de denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios, tipificado en el artículo 511 del Código Penal.

La denuncia está dirigida contra 29 personas: los dos directores de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno de Madrid durante la primera ola de la pandemia, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, quienes firmaron y redactaron "los dos protocolos que impidieron el traslado a los hospitales de los residentes madrileños"; Pablo Busca Ostalaza, director del SUMMA 112 en ese momento; Antonio Burgueño, autor del Plan de Choque contra la Pandemia aprobado por el Gobierno regional, que "supuestamente incluía la medicalización de las residencias, pero nunca se llevó a cabo"; y los geriatras responsables de aplicar dicho protocolo en los 25 hospitales públicos de Madrid.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

Los denunciantes detallan en su escrito la discriminación sufrida por sus familiares en cinco aspectos. Sin embargo, lo más grave fue la falta de medicalización de las residencias y la prohibición de trasladar a los residentes a hospitales públicos. Los otros tres puntos son el veto a la atención de los residentes en hospitales privados, salvo si tenían seguro privado; en el hospital de Ifema y en los hoteles medicalizados.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha reiterado en varias ocasiones que, hasta ahora, la justicia ha archivado todas las denuncias y querellas sobre este tema, y que se está haciendo un "uso partidista" del asunto.