La Audiencia Provincial anula el auto de archivo de las presuntas irregularidades en contratos menores del área de deportes del ayuntamiento de Móstoles

Móstoles

La Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha anulado el archivo provisional de la causa judicial que investiga presuntas irregularidades en contrataciones realizadas desde el área de Deportes del Ayuntamiento de Móstoles entre 2015 y 2019. El tribunal estima parcialmente el recurso presentado por el exdirector de Hacienda, Sergio Gil del Sol, y exige que se emita un nuevo auto debidamente motivado. El recurso alegaba trato de favor, posible fraccionamiento de contratos y facturación sin suministro acreditado. La Audiencia advierte que hay elementos que merecen análisis más detallado, como la relaciones entre funcionarios municipales y los empresarios implicados.

El auto ahora anulado acordaba el sobreseimiento provisional y según la Audiencia Provincial no se justifica por qué se descartaban los delitos inicialmente atribuidos: malversación, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental

La causa, afecta a una treintena de contratos menores adjudicados por más de 212.000 euros a las empresas Maxport y Gamosport, supuestamente vinculadas entre sí. Entre los investigados figuran exconcejales del Partido Popular, del PSOE y varios técnicos municipales. También aparecen como investigadas ambas mercantiles.

En febrero, el Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles había archivado provisionalmente esta parte de la causa al considerar que no se había podido acreditar la comisión de delitos como malversación, prevaricación, falsedad documental o tráfico de influencias. El auto citaba informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que descartaban fraccionamiento de contratos pero reconocían “sospechas” de trato de favor que no se habían podido probar, en parte por el fallecimiento de un trabajador clave.

Sin embargo, la Audiencia Provincial considera ahora que el auto de archivo carece de motivación suficiente y no analiza de forma individualizada la conducta de cada uno de los investigados. El tribunal subraya que hay elementos que podrían indicar la existencia de una estrategia para burlar la ley usando empresas relacionadas entre sí. Critica, además, que no se haya valorado la relación personal entre funcionarios municipales y los responsables de las empresas adjudicatarias.

Entre los nombres más destacados que figuran en la causa están el actual portavoz del PP y segundo teniente de alcalde, Alberto Rodríguez de Rivera, y los exconcejales del PSOE Francisco Javier Gómez, Agustín Martín y Roberto Sánchez. También figuran exconcejales del PP como Francisco Vargas, así como personal técnico y administrativo del Ayuntamiento.

La investigación, iniciada tras una denuncia de Sergio Gil ante la Fiscalía en 2019, forma parte de una macrocausa que también incluye otras líneas de investigación sobre contrataciones en centros educativos, servicios de informática y comunicación institucional. La Guardia Civil realizó registros en el consistorio en 2020 en el marco de esta causa.

Ahora, el Juzgado de Instrucción nº 5 deberá emitir una nueva resolución en la que fundamente de forma clara si existen indicios suficientes para continuar la instrucción penal.