Radio Madrid en la Guerra Civil
En Segunda República, la radio se consolidó como una de las herramientas de comunicación más influyentes del panorama español. Unión Radio Madrid tuvo un protagonismo singular en este contexto. El 14 de abril de 1931, sus micrófonos fueron testigos y transmisores en directo de la proclamación republicana desde la Puerta del Sol, marcando así un momento fundacional en la historia de la radiodifusión en España

Cadena SER
La aprobación, en 1934, de la Ley de Radiodifusión supuso un hito normativo que definió a la radio como un servicio público bajo control estatal, con una función social clara. Esta legislación fortaleció la posición de la radio como medio esencial en la vida política y cultural del país.
Cuando estalló la Guerra Civil en julio de 1936, Unión Radio Madrid adoptó una postura firme de apoyo al gobierno legítimo de la República. Intervenida por un comité de trabajadores, la emisora se transformó en un potente altavoz del frente republicano. Fue desde sus estudios desde donde se emitió, por ejemplo, el célebre discurso de Dolores Ibárruri, más conocida como La Pasionaria, con su resonante grito de "¡No pasarán!", que acabaría convirtiéndose en símbolo de la resistencia antifascista.
Censura franquista
El 28 de marzo de 1939, cuando las tropas franquistas tomaron Madrid, las instalaciones de Unión Radio fueron ocupadas por los sublevados. En un último gesto de dignidad, el locutor Luis Medina se despidió de la audiencia con un mensaje cargado de emoción poco antes de ser arrestado. A partir de entonces, la emisora fue absorbida por el aparato propagandístico del régimen, integrándose en la programación centralizada de Radio Nacional de España.
Ese mismo mes, el 6 de marzo, el nuevo régimen dictó una orden que imponía la censura previa sobre toda la programación radiofónica privada y forzaba a las emisoras a conectarse diariamente con Radio Nacional para retransmitir el informativo oficial, conocido como “el Parte”. Este férreo control sobre los contenidos radiofónicos se prolongó durante casi cuatro décadas, hasta que fue finalmente abolido el 6 de octubre de 1977, ya en plena Transición, por el entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez.




