Un segundo juzgado imputa a los autores de los 'protocolos de la vergüenza' del gobierno de Ayuso en las residencias

Madrid

Las familias de los fallecidos en las residencias de mayores en la primera ola de la pandemia ya decían que esperaban que hubiera más juzgados que subieran un escalón en lo judicial y citaran como investigados (antes se les llamaba imputados) a los autores de los conocidos como protocolos de la vergüenza, que impidieron que los mayores que vivían en las residencias fuesen derivados a los hospitales. Y ha sucedido.

El juzgado de instrucción número 6 de Leganés (Madrid) ha citado como investigados a los dos autores de los triajes, Carlos Mur que fue director general de Coordinación Sociosanitaria y que firmó esos protocolos, y a Francisco Javier Martínez Peromingo, que sustituyó en el cargo a Mur y a quien se considera también autor de esos protocolos.

Más investigados

Pero esta vez hay más investigados. El juzgado cita también a quien fue responsable del SUMMA 112, Pablo Busca, porque las familias consideran que las ambulancias jugaron un papel clave en el dispositivo que se diseñó desde la Consejería de Sanidad madrileña porque dejaron de ir a recoger directamente a los residentes enfermos, y sólo acudían a los centros si tenían una autorización expresa de derivación del geriatra de enlace del hospital de referencia. Y también cita, por primera vez, a una geriatra de enlace, la figura que crearon desde el Gobierno regional para decidir sobre las derivaciones. Cita a la geriatra del hospital público Severo Ochoa de Leganés, María Jesús Molina.

Todos han sido citados para el próximo 17 de junio. Antes, el próximo martes 3 de junio, están citados como testigos en esta caso el ex consejero de Políticas Sociales madrileño, Alberto Reyero, que denunció aquellos protocolos y dijo que los mayores iban a morir de forma indigna, el responsable del grupo de hospitales privados HM Hospitales, Juan Abarca, y el asesor sanitario que contrató la Comunidad de Madrid, Antonio Burgueño que ya está siendo investigado en otro juzgados.

Estos dos últimos han sido citados para que expliquen, en el caso de Abarca Cidón, si se utilizaron los hospitales privados para derivar a residentes, algo que solo sucedió con los que tenían seguro privado, y, en el caso de Burgueño, si el plan de lucha contra la Covid-19 que elaboró consiguió la medicalización de las residencias, algo que no ocurrió.

En este caso la denuncia no parte de la Fiscalía, como ha sucedido en el primer procedimiento por el que se ha investigado a altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, sino de una querella presentada por dos familiares de residentes. Eso sí, en ambas causas se comparte el mismo motivo de la denuncia: la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.

Desde las asociaciones en las que están agrupadas las familias, Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, esperan que los que van como testigos, que tienen la obligación de decir la verdad, "aporten todos los datos y documentos de los que dispongan y ayuden así a que se conozca la verdad y se haga justicia con las 7.291 personas que fallecieron en las residencias en marzo y abril de 2020 sin ser trasladadas a un hospital", señalan en un comunicado.