Mur atribuye los protocolos que impedían derivar a ancianos a los hospitales a "criterios clínicos y técnicos"

Madrid

Carlos Mur, director general de Coordinación Sanitaria en la Consejería de Sanidad de Madrid en la primera ola y hoy fuera del gobierno tras ser cesado, ha negado cualquier discriminación a los ancianos de las residencias pese a los polémicos protocolos que circularon entonces. En esos documentos, que firmó el propio Mur, el Ejecutivo madrileño excluía de la derivación a los hospitales a los mayores según su grado de dependencia. En su comparecencia en la Comisión de Investigación sobre las Residencias, el exdirector general ha sostenido que esos protocolos no eran de obligado cumplimiento y que se hicieron para respaldar el trabajo de los geriatras.

Mur ha dicho que con ellos perseguían el objetivo de medicalizar los centros, pero después ha admitido que no había medios para atender a los ancianos en las residencias. Ha querido dejar claro que tanto la Consejería de Sanidad como la de Políticas Sociales eran conscientes de la situación sin que nadie por encima de él le advirtiera de esa supuesta discriminación y ha señalado que esos protocolos se basaron en criterios "clínicos y técnicos".

En una situación de "medicina de catástrofe", se hacía "obligado establecer algún tipo de protocolos como se había hecho en las UCI", ha dicho el exdirector ante la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga la muerte de casi 4.000 residentes en la primera ola de la pandemia en la región, en una comparecencia a petición del grupo de Más Madrid.

Tras anunciar la Consejería de Sanidad el 12 de marzo un plan para medicalizar las residencias, un primer protocolo fue enviado el 18 de marzo a nueve cargos públicos, gerentes y directores médicos, cuyo texto fue elaborado "por hasta 18 geriatras" y rubricado por Mur para "llevar atención sanitaria in situ a las residencias", incluido EPIs, oxigenoterapia y farmacoterapia, y proponer una red de geriatras de enlace desde los distintos hospitales para prestar asistencia", ha explicado.

El protocolo buscaba "medicalizar las residencias y era una guía de actuación para coordinar a los profesionales, en ningún momento pretendió ser una orden administrativa", según Mur quien recordó que su Dirección General carece de competencias sanitarias y de capacidad para contratar, y que las recomendaciones "no eran de obligado cumplimiento".

Se elaboraron "hasta seis versiones y borradores del protocolo clínico hasta llegar al último, del día 25", según Mur quien recalcó que, con recursos escasos ante un "cataclismo enorme", había que dar unas guías a los sanitarios y desde ahí "analizar caso a caso individualmente" para determinar el traslado hospitalario. La incorporación al protocolo del 20 de marzo de criterios de movilidad (índice de Barthel) y de demencia para decidir los traslados "nunca se llegó a aplicar por los geriatras de enlace", dijo Mur en su comparecencia por vía telemática.

Desde Unidas Podemos, la diputada Paloma García aseguró que "entre el 18 y 29 marzo las derivaciones a hospitales bajaron casi un 40% y no derivaban a mayores" con movilidad reducida, ante lo que Mur ha replicado que "en marzo se trasladó a 2.451 personas" pese a que había "dificultades reales para los traslados".

Según Mur, las distintas versiones buscaban con "criterios clínicos y técnicos" no desplazar a personas con grado máximo de demencia 6-7 en escala GDS a hospitales que entonces eran "medios muy hostiles" al estar colapsados, y que "no se estableció una discriminación generalizada de nadie" porque se analizaba caso a caso.

Los protocolos se enviaron a Sanidad y a Políticas Sociales, y en ellos "participaron directamente" el gerente de AMAS, Óscar Álvarez, con quien mantenía "interlocución continua", según Mur para quien del resultado final "nadie puede estar contento" y recalcó que "el criterio de edad nunca se aplicó".

"Hablaba con mis superiores prácticamente todos los días", por lo que "todo fue comentado" en las distintas versiones, salvo "la primerísima" que le vino dada, y "no recibió ninguna llamada" ni del consejero de Sanidad ni el de Políticas Sociales comunicándole su disconformidad, dijo.

"Ninguna versión del protocolo privaba del traslado a todos los residentes, simplemente establecía unas recomendaciones clínicas, y a nadie se le dejó sin tratamiento", dijo. "Cómo se aplicó iba cambiando pero se hizo cada día lo humanamente posible" e incluso más. Era como "atender un incendio con 80 focos con tres extintores", detalló. Tras ponerse en marcha el 26 de marzo el Plan de Choque (Platercam), la situación en las residencias empezó a mejorar, al incorporarse la colaboración de la UME, del Summa y del Samur, además de Médicos sin Fronteras, con 379 reconocimientos en las residencias, además de la llegada de EPIs, oxigenoterapia, farmacoterapia, y la agilización del traslado de cadáveres.