Los trabajadores de la acería Corrugados Getafe se manifiestan pidiendo apoyo municipal ante su cierre

Fuenlabrada

Unos tres centenares de personas, entre trabajadores de Corrugados y sindicatos, han realizado una marcha entre las puertas de la acería y el Ayuntamiento de Getafe. Su objetivo era demandar más apoyo al Ayuntamiento y un Plan de Empleo tras el cierre anunciado por su empresa que dejará en la calle a 150 empleados. El anuncio se produjo a principios de mayo después de años de protestas de los vecinos de la zona por malos olores y ruidos.

Según el presidente del Comité de Empresa, José Lagos, el Consistorio les ha “torpedeado” durante años y atribuye los despidos a “un pelotazo urbanístico” del Ayuntamiento “en connivencia con la Comunidad de Madrid”, y pide “una salida digna”. Por su parte el secretario general de Industria de CCOO en Madrid, Eduardo Antón, ha indicado que “es una empresa rentable” que solo busca vender sus terrenos. Asimismo ha criticado que la Comunidad de Madrid solo haya gastado el 25% del presupuesto de su Plan Industrial regional.

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Cuando la manifestación ha llegado a la plaza de la Constitución se han producido ciertos momentos de tensión con insultos contra la alcaldesa y lanzamiento de huevos a la fachada del Ayuntamiento, así como con algunos agentes de policía. Sin embargo Sara Hernández se ha reunido con los representantes sindicales para conocer al detalle sus propuestas. Las negociaciones del ERE terminan este viernes y, de momento, no satisfacen a los sindicatos. Hablan de “condiciones paupérrimas” que no llegan ni a la “improcedencia del despido” y posibles traslados a más de 500 km. de distancia.

Los motivos oficiales del cierre

Los propietarios de la acería Corrugados, Grupo Industrial CL, motivó hace unas semanas el cierre con tres causas fundamentales: las protestas vecinales, los endurecimientos legales regionales que le impiden producir durante la noche, y los aranceles anunciados por el presidente de EEUU, Donald Trump. Vecinos y grupos ecologistas han aplaudido el cierre y desde el Gobierno local, que siempre ha pedido el endurecimiento de las condiciones ambientales para la fábrica a la Comunidad de Madrid, han aportado “informes técnicos” a las partes para la futura instalación de una nueva actividad empresarial.