Juicio de la Púnica: Cofely facturaba cantidades "desorbitadas" en Torrejón de Velasco
Una interventora del Estado que fiscalizó los contratos en el Ayuntamiento asegura que llegó a rechazar algunas de las facturas presentadas
Francisco Granados y el entonces alcalde de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas, implicados en la trama Púnica / FLICKR de Francisco Granados
Madrid
Una interventora del Estado ha declarado en el juicio de la trama Púnica que vio irregularidades relacionadas con los contratos de servicios energéticos adjudicados entre 2012 y 2014 a Cofely por los ayuntamientos de las localidades madrileñas de Moraleja de Enmedio y Torrejón de Velasco, gobernados entonces por el PP.
Este martes ha testificado Victoria E.O.R., que en la época de los hechos fue interventora en los ayuntamientos de Moraleja de Enmedio y Torrejón de Velasco.
Un contrato "incorrecto"
Ha recordado que en el primero tomó posesión el 17 de mayo de 2013, el mismo día que el ayuntamiento formalizó el contrato con Cofely -por un importe de 2.861.975- y que una vez lo analizó le pareció incorrecto.
La interventora ha señalado que se debió tramitar como un contrato 'mixto de servicios y suministro' que solo permite una duración de cinco años, y no como se hizo, de 'gestión de servicios', que permitía alargar su vigencia más tiempo, fijándose en este caso en 15 años.
No obstante ha aclarado que al menos durante los meses en los que ejerció su labor como interventora en este municipio, en marzo de 2014, la ejecución del contrato no había comenzado, con lo cual aún no se realizaron trabajos ni se habían pasado facturas.
Un contrato "desorbitado"
Victoria E.O.R. ha añadido que después pasó a ser interventora de Torrejón de Velasco, donde ya sí se estaba ejecutando el contrato adjudicado a Cofely -por un importe de 4.111.395 euros-.
Ha explicado que analizó las facturas y que puso reparos y rechazó algunas -por casi 200.000 euros- ya que se estaban pasando por prestaciones no recogidas en el contrato. "Era desorbitado lo que facturaba Cofely", ha comentado la testigo.
Prosigue el juicio
La Audiencia Nacional ha reanudado este martes la vista por la pieza de Cofely del caso Púnica en la que se sientan en el banquillo 36 procesados, entre ellos nueve exalcaldes acusados por adjudicaciones por parte de sus ayuntamientos a esta empresa multinacional de contratos millonarios de servicios de eficiencia energética a cambio de dádivas y comisiones entre 2012 y 2014.
Quince acusados han pactado con la Fiscalía confesar los hechos a cambio de ser condenados a penas menores, entre ellos los exalcaldes de Torrejón de Velasco Gonzalo Cubas (PP), de Parla José María Fraile (PSOE) y de Serranillos del Valle Antonio Sánchez Fernández (Unión Democrática Madrileña -UDMA-).
Igualmente ha pactado con la Fiscalía el acusado David Marjaliza, un empresario de la construcción arrepentido que Cofely contrató como asesor comercial para que actuara como 'conseguidor' de contratos públicos, que fue socio de Francisco Granados -exconsejero de la Comunidad de Madrid con el Gobierno del PP que presidía Esperanza Aguirre e investigado en otras piezas del caso Púnica-.
También se sientan en el banquillo otros seis exalcaldes del PP, que no reconocen los delitos por los que están acusados.
En concreto, José Carlos Boza, de Valdemoro; Agustín Juárez, de Collado Villalba; Daniel Ortiz Espejo, de Móstoles; Mario Utrilla, de Sevilla la Nueva, y Carlos Alberto Estrada, de Moraleja de Enmedio, todas ellas localidades madrileñas, además de José García Lobato, de Almendralejo (Badajoz).
