La jueza rechaza los tres intentos del novio de Ayuso de ralentizar la causa contra él y da paso al juicio oral

Madrid

La magistrada Inmaculada Iglesias ha rechazado en tres resoluciones judiciales los tres intentos de Alberto González Amador de retrasar el procedimiento por los delitos fiscales. Desde hace más de un año y medio, el empresario —pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso— está siendo investigado por dos delitos contra la Hacienda Pública y uno más de falsedad documental.

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha sido tajante: González Amador no puede ahora presentarse en sede judicial queriendo declarar y lamentando que no se le haya permitido hacerlo, cuando ha sido él mismo quien ha obstaculizado durante más de un año el avance del procedimiento mediante recursos y maniobras dilatorias. En definitiva, la jueza ha tumbado su último intento de frenar la apertura de la vista oral del juicio.

En su resolución más reciente, la magistrada ha desestimado la solicitud del investigado de practicar nuevas diligencias, al considerar que son innecesarias y absolutamente irrelevantes para el fondo del asunto. Iglesias recuerda que ya existen cerca de 1.500 elementos de prueba incorporados a la causa, la mayoría procedentes del expediente tributario, que corroboran los hechos investigados: dos delitos fiscales y uno de falsedad documental. Por tanto, no se justifica la práctica de más diligencias, y en todo caso, le recuerda al investigado que ha tenido 15 meses de instrucción para proponerlas. Admitirlas ahora supondría incurrir en una dilación indebida del procedimiento.

La jueza también le recuerda que, si lo considera oportuno, podrá solicitar esas diligencias en la fase de juicio oral. Esta decisión jurisdiccional se apoya, entre otros documentos, en el informe de la Fiscalía, que coincide en señalar que González Amador ofrece muchas explicaciones, pero todas ajenas al objeto del procedimiento. El Ministerio Público ve con claridad la estrategia del investigado para ralentizar el avance del caso.

En sus recursos, González Amador también se presenta como una víctima, alegando que no se le ha permitido acogerse a las atenuantes previstas en el Código Penal, en referencia a una supuesta intención, nunca materializada, de declararse culpable para evitar la prisión. La Fiscalía le responde que no ha cumplido con los requisitos legales para ello. Es cierto que ha reparado el daño causado, abonando al fisco unos 600.000 euros en concepto de impuestos impagados, rendimientos del capital y la correspondiente multa. Sin embargo, no ha reconocido el delito dentro del plazo legal de dos meses, como exige la ley para poder beneficiarse de esa atenuación.

Contra estas decisiones del Juzgado cabe recurso, aunque deberá presentarse ante la Audiencia Provincial de Madrid.