La asistente de Begoña Gómez pide el archivo y que se condene en costas a la acusación popular

La defensa de Cristina Álvarez ha presentado sus alegaciones a la decisión del juez Peinado de transformar la investigación abierta por la actividad profesional de Begoña Gómez a la ley del jurado. Dice el escrito que ella no pudo cometer un delito de tráfico de influencias porque la cátedra se creó antes de que empezara a hacer ciertas gestiones relacionadas con esta formación. Gestiones que se limitaron, subraya, "a transmitir recados de tipo administrativo y de mero trámite. Una labor de mensajera en la que se limita transmitir recados de Begoña Gómez al exvicerrector, Juan Carlos Doadrio". Los correos que obran en la causa, añade, "solo reflejan lo que la jurisprudencia denomina actos neutrales: actos cotidianos y socialmente adecuados que no cabe reputar como penalmente típicos porque, con independencia del resultado, no representan un peligro socialmente inadecuado". No existe "ningún correo remitido por ella en el que lleve a cabo una sugestión, inclinación, invitación o instigación a un funcionario para obtener una resolución favorable". Por eso pide el archivo y que se condene en costas a las asociaciones ultra que sostienen la acusación contra ella.

El escrito concluye preguntándose con los indicios que dicen las acusaciones populares ultra que hay en la investigación: "¿sobre qué funcionario ha ejercido presión moral Cristina Álvarez? ¿Cuándo? ¿dónde? ¿por qué medio? ¿para obtener qué resolución?" Y "¿sobre qué funcionario ha ejercido presión moral Begoña Gómez con participación de Cristina Álvarez? ¿cuándo? ¿dónde? ¿por qué medio?¿para obtener qué resolución?

La Universidad Complutense se persona en la causa

La Universidad Complutense se ha personado en la pieza principal abierta contra Begoña Gómez por su actividad profesional vinculada a esta institución. El juez ya le indicó que debía asistir el pasado lunes al trámite para transformar el sumario a la ley del jurado. En esa diligencia un representante anunció que si se acredita que la mujer del Presidente del Gobierno se apropió del software que se elaboró para su cátedra o de alguna marca vinculada a la universidad reclamarían por el perjuicio económico ocasionado. Ahora han plasmado ese anuncio en un escrito remitido a Juan Carlos Peinado.

El instructor atribuye los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida de marca a Begoña Gómez, su asistente y el empresario, Carlos Barrabés. Sostiene que Gómez y Barrabés compartieron formación en la cátedra que codirigió la mujer de Pedro Sánchez, desde la que lanzaron sus carreras profesionales con la colaboración de la asesora, Cristina Álvarez.