El limbo de las Zonas de Bajas Emisiones: 21 municipios madrileños siguen sin aplicarlas

Alcobendas

Cuando se habla de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en la Comunidad de Madrid, la mayoría de la ciudadanía piensa automáticamente en Madrid Central, en las restricciones del Distrito Centro o en la prohibición, desde enero de 2025, de circular por toda la capital a los vehículos sin etiqueta ambiental. Sin embargo, esta imagen es solo la punta del iceberg de un problema mucho más amplio que afecta a toda la región.

Situación actual

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada en 2021, fue clara: todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes debían tener implantadas sus Zonas de Bajas Emisiones antes del 1 de enero de 2023. En la Comunidad de Madrid, esta obligación afecta a 24 municipios. Dos años después de que expirara el plazo, solo tres han cumplido con la norma: Madrid capital, Rivas-Vaciamadrid —con ZBE en entornos escolares— y Torrejón de Ardoz. Los otros 21 municipios continúan en un auténtico limbo legal.

Hablamos de grandes ciudades de la corona metropolitana como Móstoles, Leganés, Fuenlabrada, Alcorcón, Getafe, Parla, Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes, Valdemoro, Coslada o Aranjuez. Algunas aseguran estar “en trámite”, otras permanecen “pendientes” y al menos dos se declaran abiertamente contrarias a aplicar la normativa.

Este retraso tiene consecuencias directas para la ciudadanía. Mientras Madrid endurece sus restricciones y ya cuenta con 478 cámaras inteligentes para vigilar el cumplimiento de las ZBE, el resto del área metropolitana funciona con un mosaico de normas dispares. Un conductor puede salir de la capital con su vehículo sin etiqueta, donde tiene prohibido circular, y entrar sin problema en municipios vecinos donde todavía no existen limitaciones. Esta situación genera confusión, inseguridad jurídica y, sobre todo, diluye el objetivo principal de las ZBE: mejorar la calidad del aire en una región que funciona como una única área metropolitana.

Posibles sanciones

Además, la presión institucional va en aumento. El Gobierno central, a través de la Abogacía del Estado, ha avalado la posibilidad de sancionar a los ayuntamientos que recibieron fondos europeos para implantar las Zonas de Bajas Emisiones y no lo han hecho. Varios municipios madrileños han recibido millones de euros de los fondos Next Generation para este fin, y el incumplimiento podría tener un alto coste económico.

Hoy, en el espacio de ecología, medioambiente y sostenibilidad con Antonio Quilis, analizamos por qué casi el 90% de los municipios madrileños sigue sin cumplir esta normativa, qué argumentos esgrimen los ayuntamientos, cómo afecta esta situación a quienes se desplazan a diario por el área metropolitana y qué implicaciones tiene todo ello para el futuro de la movilidad sostenible y eléctrica en la Comunidad de Madrid.