El comité clínico de Madrid rechaza uno de cada tres abortos por malformaciones graves

Madrid

En la Comunidad de Madrid, la interrupción voluntaria del embarazo por anomalías fetales -más allá de la semana 22- depende de la autorización de un comité clínico. Según los datos oficiales del Gobierno regional, hasta octubre de 2025 este órgano, dependiente de la Consejería de Sanidad, rechazó 13 casos frente a los 25 que aprobó, lo que supone que uno de cada tres expedientes fue denegado.

Para el PSOE madrileño, este aumento en las exclusiones es dramático. “Es añadir más dolor a una situación ya terrible para esa mujer”, asegura Lorena Morales, secretaria de Igualdad.

Explica que la negativa del comité aboca a las afectadas a tres opciones: “O irse al extranjero si tiene recursos —normalmente a Bruselas—, o acudir a la clandestinidad y jugarse la vida y la salud, o seguir adelante con un embarazo dando a luz a un bebé que no va a tener viabilidad, que no va a vivir o que va a tener una calidad de vida horrible”. Morales concluye: “Para esa mujer es una condena: su proyecto de vida queda completamente truncado”.

Un comité cuestionado

El funcionamiento del comité clínico no ha estado exento de críticas. Todos sus miembros son hombres y, aunque la ley establece que no pueden ser objetores al aborto, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha negado a crear el registro de objetores que exige la normativa.

Esto, según el PSOE, abre la puerta a dudas sobre la imparcialidad de sus decisiones. “Estos miembros, que por cierto son tres hombres, no pueden formar parte del registro de objetores ni en el momento en el que son miembros del comité clínico, ni en años anteriores”, denuncia Morales. “Como en Madrid la señora Ayuso se niega a que tengamos registro de objetores, no sabemos si estos señores están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo”.

La diputada socialista también señala un vacío legal entre 2019 y 2023, cuando se nombró el actual comité. Durante ese periodo, el anterior órgano siguió rechazando solicitudes pese a que su mandato había caducado. “Estamos hablando de que durante tres años y medio decenas de mujeres vieron cómo su solicitud de interrupción voluntaria del embarazo era rechazada cuando esos profesionales no tenían ninguna capacidad legal para poder tomar esa decisión”, afirma Morales. “Y la señora Ayuso lo amparó y lo permitió”.

Precisamente, el comité actual, que según recoge la normativa tiene una vigencia de 3 años, está a punto de caducar, con una nueva incógnita sobre si habrá renovación sin registro de objetores. El PSOE madrileño exige transparencia y garantías para las mujeres que enfrentan estas situaciones extremas, mientras el Gobierno regional defiende la actuación del comité clínico.

La Consejería de Sanidad se remite a las palabras de Ayuso, aseguran que la presidenta siempre ha defendido que el derecho al aborto está garantizado en Madrid.