El Gobierno afirma que de momento no financia la ruta aérea Castellón-Madrid
Asegura que hay medios alternativos de transporte y otros aeropuertos en la Comunitat Valenciana, como el caso de Manises, en Valencia
Terminal de pasajeros del aeropuerto de Castellón / Javier Quesada
El Gobierno afirma que de momento no financia la ruta aérea Castellón-Madrid, porque hay medios alternativos de transporte y otros aeropuertos en la Comunitat Valenciana, como en el caso de Manises, en Valencia. Cabe recordar que la Generalitat se ha visto obligada a financiar esta conexión.
A partir del mes de octubre, Castellón podría contar con una nueva conexión aérea con Madrid, pero estará financiada por la Generalitat, que es la propietaria del aeropuerto, a través de la sociedad Aerocas. En general, si la conexión con la capital de España es considerada como una Obligación de Servicio Público, cuando se pone en marcha es el Gobierno quien financia la ruta.
Sin embargo, no es el caso de Castellón, porque el Gobierno, en una respuesta al senador Territorial de Compromís, Carles Mulet, ha señalado que ha colaborado con la Generalitat Valenciana en la evaluación de la propuesta. En este sentido se ha evidenciado que el encaje en la normativa europea no es evidente, particularmente por la existencia de modos alternativos de transporte y la amplia conectividad aérea disponible en la Comunitat, por lo que considera que la determinación no es inmediata.
Mulet ha explicado en declaraciones a Radio Castellón, que el Gobierno es claro en sus intenciones en relación con el vuelo con Madrid desde el aeropuerto.
Carles Mulet, senador de Compromís, sobre la financiación línea aérea Castellón-Madrid
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El Gobierno además apunta que dentro de la Unión Europea el mercado aéreo está liberalizado. Las compañías aéreas tienen plena libertad para establecer sus servicios, atendiendo a la demanda real que observan en cada mercado.
Como única excepción a este régimen de libre mercado, la normativa admite el establecimiento de Obligaciones de Servicio Público (OSP), si bien el recurso a este instrumento debe estar plenamente justificado al tratarse de un régimen de excepción.
En el análisis para justificar la OSP se han de tomar en consideración todos los modos de transporte disponibles, incluyendo aquellos que presentan una huella de carbono más reducida y que mejor contribuyen a cumplir los objetivos de sostenibilidad medioambiental de la Unión Europea, según el Gobierno.
