La Conselleria de Justicia insiste en la necesidad de abolir la prostitución para acabar con la trata de mujeres

Este sábado, 30 de julio, es el día mundial contra la trata de personas, definida comúnmente como «la esclavitud del siglo XXI». Un delito que viola todos los derechos humanos en un mismo sujeto, corrompiendo no solo su libertad y su dignidad, sino también su integridad física y emocional. La trata de seres humanos se manifiesta en múltiples formas, por lo que cientos de miles de víctimas son objeto de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad o tráfico de órganos, aunque la más conocida es la que se realiza con fines de explotación sexual. En la Comunitat Valenciana, se estima que existen 115.000 puteros cada año. Según un estudio de la Universitat de València (UV), ahora mismo hay entre 10.000 y 13.000 mujeres prostituidas; así como 164 burdeles y más de 52.000 anuncios en Internet que ofrecen sexo pagado. Uno de cada cuatro hombres mayores de 18 años (es decir, el 25 % de los valencianos) admite que ha pagado por sexo alguna vez en su vida. El análisis de la UV, dirigido por el catedrático en Sociología Antonio Ariño, concluye que la Comunitat es el «centro del corredor de la prostitución», uno de los puntos donde más trata de mujeres se produce anualmente. El diagnóstico es contundente y clarificador. A la vista de estos datos «alarmantes y vergonzosos», la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha pedido, en declaraciones a la Cadena SER, avanzar cuanto antes en medidas abolicionistas para acabar con el mercadeo de mujeres. Bravo ha explicado que la receta definitiva en la lucha contra esta lacra social es la aprobación de una Ley integral para la Abolición de la Prostitución, «ya que es la respuesta más contundente para erradicar esta conducta». En definitiva, reforzar la coordinación institucional para evitar nuevos casos y velar por la protección de las víctimas. En este sentido, la trata con fines de explotación sexual no puede desligarse de la prostitución, a la que está íntimamente vinculada y de la que ha precisado para ocultarse bajo el negocio del sexo, donde los cuerpos de las mujeres son concebidos como objetos de consumo. En febrero de 2021, la Conselleria de Justicia puso en marcha el Foro Valenciano por la Abolición de la Prostitución, que cuenta con la participación de entidades feministas, juristas, administraciones e instituciones académicas. Las acciones legislativas que salieron de ese espacio de trabajo tratan de poner el foco sobre el putero y el proxeneta, además de ofrecer recursos a las mujeres más vulnerables para que puedan salir de la red en la que se encuentran atrapadas. Estas medidas instan, asimismo, a considerar la prostitución como una forma de violencia machista y a sancionar la demanda de sexo pagado y la colaboración necesaria para que ésta se produzca. Precisamente, hace pocos meses la Generalitat Valenciana presentó una reforma de la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos para perseguir y sancionar a los dueños de los burdeles y prohibir la publicidad que incita la oferta de prostitución, con multas que llegan hasta los 30.000 euros. También Puri Liétor, del Front Abolicionista, pide abolir inmediatamente la prostitución, y alerta de las graves consecuencias de salud que tiene este drama para las mujeres prostituidas. Liétor reconoce el trabajo de la Conselleria de Justicia, pero reclama a Sanitat que publique datos sobre las consecuencias «físicas y psíquicas» de la prostitución, a la que define como una actividad «lesiva». Liétor denuncia que la prostitución se enmarca dentro de un contexto «androcéntrico», fruto de un «discurso masculino tóxico», donde las mujeres «no estamos como personas, sino como la función que los hombres quieren que desarrollemos». Esto es, las mujeres prostituidas son doblemente víctimas: son víctimas del sistema -de una sociedad que normaliza su existencia- y son víctimas de quienes les imponen contacto sexual a diario. Insiste en que ninguna mujer es prostituta por voluntad propia, sino que más bien lo es por una falta de recursos que la llevan a caer en manos del proxenetismo. A su juicio, el problema está en cómo se percibe a la mujer en la sociedad. Es evidente que las medidas punitivas, aunque imprescindibles, son insuficientes. Puri Liétor apunta a la correcta utilización de la terminología como una herramienta útil de sensibilización. Dicho con otras palabras, se trata de «hablar con claridad». En este sentido, hace un llamamiento: «No permitir que se hable de trabajo sexual. No es un trabajo sexual. Lo que hay es una aceptación de una dominación sexual», asegura. Una educación afectivosexual que haga pedagogía en torno al consentimiento y el deseo sexual compartido es otra de las propuestas de intervención del Front Abolicionista, que considera obligatoria «una educación planteada en términos de compartir, de experimentar juntos. Sin ningún tipo de imposición, sin los marcadores de la pronografía, ni los de la prostitución». Desde el Front Abolicionista solicitan recursos para dichas mujeres, así como un modelo socioeconómico que no las desampare «para que ninguna de ellas considere la prostitución como una opción válida para conseguir ingresos ni como modo de ganarse la vida». Y es que las desigualdades económicas y sociales estructurales son los motivos que se encuentran entre las causas subyacentes de la trata de personas con fines de explotación sexual. Así, la pobreza, la precariedad laboral u otras circunstancias de vulnerabilidad son aprovechadas por las mafias para capturar a sus víctimas, engañarlas y mantenerlas en su red bajo el miedo y la amenaza constante de violencia sobre ellas mismas o sus familias, por lo que muchas veces no se atreven a denunciar su cautiverio ante las Fuerzas de Seguridad del Estado, las administraciones públicas o las ONGs que se ponen en contacto con ellas. En adición, el Foro Valenciano por la Abolición de la Prostitución propone aumentar el parque público de viviendas, así como los centros de acogimiento residencial, y que se considere a las mujeres prostituidas como un colectivo prioritario para acceder a estos recursos habitacionales o reforzar los recursos formativos para ofrecer salidas laborales a las víctimas. Aunque existe trata con objeto de explotación laboral (talleres clandestinos o jornaleros agrícolas esclavizados, por ejemplo), lo cierto es que ese fenómeno es mucho menor en España en comparación con la trata con fines de explotación sexual (protagonizada por mujeres). O, lo que es lo mismo, existe un mercado porque existe una demanda de prostitución que «satisfacer». De hecho, España es el primer país europeo en demanda de sexo pagado (el 39 % de los varones declara haber pagado por sexo en alguna ocasión) muy por delante del segundo, que es Suiza (con el 19 %), y del tercero, que es Austria (con el 15 %). Y no solo eso, sino que es el tercer país del mundo en consumo de prostitución, únicamente superado por Tailandia y Puerto Rico. Las cifras señalan que puede haber alrededor de 11.000 víctimas de trata con fines de explotación sexual en el total del territorio español, el 97 % de las cuales son mujeres y niñas (una tendencia -la de la introducción de menores de edad en este sistema- cada vez más frecuente). Mediante un estudio (2021) realizado en 49 países, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó de la existencia de 50.000 víctimas de trata, la mayoría de ellas pertenecientes a la explotación sexual. Sin embargo, los números son estimativos, porque las víctimas rara vez se identifican a sí mismas como tales.

La Conselleria de Justicia insiste en la necesidad de abolir la prostitución para acabar con la trata de mujeres

Existen 115.000 puteros cada año en la Comunitat Valenciana

Paula Pérez

Webs de PRISA