La jueza acuerda continuar el procedimiento del caso Abde contra el Hércules y su Fundación y lo archiva para Caja Rural Central
Tras escuchar las declaraciones de la fase de Instrucción, la magistrada acuerda incoar procedimiento abreviado por un presunto delito de alzamiento de bienes contra Carlos Parodi como presidente del Hércules CF y Valentín Botella, Pepe León y José María Caruana como miembros de la Fundación Hércules
Alicante
El caso Abde continúa. Después de escuchar las declaraciones de todas las partes durante la fase de Instrucción, la titular del Juzgado de Instrucción 9 de Alicante, María Luisa Carrascosa, ha acordado continuar con el proceso para el Hércules CF y la Fundación de la Comunidad Valenciana Hércules de Alicante al mismo tiempo que ha archivado el caso para Caja Rural Central.
La jueza que investiga el presunto delito de alzamiento de bienes del Hércules CF por eludir, presuntamente, el pago de la deuda que el club alicantino contrae con la Agencia Tributaria tras recibir dos millones de euros de la venta de Abde al Barça, ha acordado incoar procedimiento abreviado contra el Hércules y su Fundación, como personas jurídicas, así como contra Carlos Parodi (presidente del consejo de Administración del Hércules CF y miembro de la comisión ejecutiva de la Fundación); Valentín Botella (presidente de la comisión ejecutiva de la Fundación y consejero del Hércules CF); José León (vicepresidente y secretario de la comisión ejecutiva de la Fundación) y José María Caruana (vocal y secretario del Patronato de la Fundación), como personas físicas. La jueza entiende que, de las diligencias practicadas, aparecen acreditados los indicios de delito que motivaron la apertura de la causa.
Más información
- El técnico de Hacienda expone un informe de más de 100 páginas donde constata la "maniobra" del Hércules con el cheque de Abde para evitar el embargo de Hacienda
- La Fiscalía se querella contra el Hércules por alzamiento de bienes
- Comienza la investigación judicial por el presunto desvío de fondos en el fichaje del herculano Abde por el Barça
Según el auto, al que ha tenido acceso Radio Alicante, Carlos Parodi suscribió un "acuerdo singular" con la Agencia Tributaria para el pago de los créditos privilegiados por importe de 10,4 millones de euros fijándose un abono inicial de 2 millones de euros y un calendario de pagos que, ante su incumplimiento reiterado, fue resuelto por la Agencia Tributaria en el año 2017 sin que se haya satisfecho la deuda pendiente hasta la fecha.
El 31 de agosto de 2021, el Fútbol Club Barcelona entregó a Carlos Parodi, en representación del Hércules CF, un cheque bancario de La Caixa por valor de dos millones de euros, correspondientes al pago de la cláusula de rescisión del futbolista marroquí Abde. El Hércules CF, que tenía su cuenta bancaria principal en el Banco Sabadell y que había sufrido diferentes embargos desde el año 2017 ordenados por la Agencia Tributaria, optó por endosar ese mismo día el cheque de dos millones de euros a la Fundación, la cual no tenía actividad deportiva o de otro tipo. Únicamente tenía una cuenta bancaria abierta en Caja Rural Central y que carecía de movimiento alguno desde 2015.
El cheque endosado a nombre de la Fundación se ingresó en la cuenta de Caja Rural el 24 de septiembre de 2021 y el 29 de septiembre se emitieron 33 cheques bancarios de 60.000 euros y uno de 15.772 euros a favor del Hércules CF vaciando así la cuenta de la Fundación. El 1 de octubre de 2021, Carlos Parodi abrió una cuenta bancaria en Caja Rural, en representación del Hércules CF, e ingresó ocho de los cheques bancarios de 60.000 euros entre los días 5 de octubre y 4 de noviembre de 2021 haciendo frente a diferentes gastos de la entidad.
Posteriormente y hasta marzo de 2022 se han ido ingresando los restantes cheques bancarios a través de la misma operativa de pago de otros gastos del Hércules CF. Según resalta el auto, estas operaciones se verificaron con los encausados con la finalidad de eludir el pago de la deuda mantenida por el Hércules con la Agencia Tributaria y para evitar su ejecución. A consecuencia de estos actos, Hacienda no ha podido realizar actos de aseguramiento y ejecución para cobrar la deuda tributaria que mantenía el Hércules CF con el fisco.
La jueza señala que existen indicios razonables suficientes y serios de que la conducta seguida por los representantes del Hércules CF y su Fundación intentaban claramente burlar las deudas mantenidas con la Agencia Tributaria, pese a los intentos posteriores de llegar a nuevos acuerdos o abono por de parte de la deuda ordinaria mantenida con dicha entidad.
Sin embargo y según aseguró el club alicantino, "los fondos percibidos fueron destinados al pago de deudas y compromisos económicos, entre los que se encuentra gran parte de la deuda que mantenía en aquel momento con la Agencia Tributaria".
La declaración del técnico de Hacienda del pasado viernes dejó constancia, apoyado en su informe de más de 100 páginas, de la intención del Hércules Club de Fútbol de ocultar los dos millones de euros procedentes de la venta del jugador marroquí al Fútbol Club Barcelona para evitar el embargo de la Agencia Tributaria por la deuda que contraía la entidad alicantina desde el año 2011.
Por otro lado, la magistrada ha acordado en el auto, que puede ser recurrido en reforma y/o apelación, el sobreseimiento de las diligencias para otros dos investigados, la Caja Rural y el director de una sucursal de la misma firma, al considerar que las diligencias de investigación practicadas "no sustentan la tesis incriminatoria inicial mantenida por el querellante". Según el auto, no consta que Caja Rural cooperara de ninguna manera con los querellados en la actividad delictiva imputada, ni los ayudaran ni conocieran sus propósitos por más que pudieran conocer que era una práctica o forma de actuar extraña.
Además, la jueza ha rechazado la declaración testifical de Miguel Campoy, quien fuera presidente de la Fundación y firmara el primer convenio de colaboración con el Hércules al entender que se está generando duda sobre la actividad real de la Fundación. Asimismo, también ha rechazado la petición de la acusación popular de requerir a Caja Rural Central la aportación de la justificación documental de la liquidación de la cuota del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y actos jurídicos documentados derivados del endoso del cheque de 2 millones de euros. La instructora considera que son dos diligencias que no resultan trascendentales.
Después de que la jueza haya incoado este procedimiento abreviado se da traslado de la presente causa por término de diez días al fiscal a fin de que solicite el sobreseimiento o apertura de juicio oral formulando escrito de acusación.