'Caso Supercopa': La guerra de los 1.000 días

Valencia

Dos años, ocho meses y 26 días. Es el tiempo que ha transcurrido entre la disputa del partido de semifinales de la Supercopa de España 2020 entre Valencia y Real Madrid en Jeddah y la fecha en la que la demanda definitiva del club de Mestalla llegó al Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid. Han pasado exactamente 1.000 días, que se dice pronto. Una pandemia de por medio. Y, sobre todo, muchos palos en las ruedas desde Las Rozas. Mucho oscurantismo.

Los servicios jurídicos de la entidad valencianista se han encontrado con numerosas dificultades para acceder a los contratos comerciales que Rubiales suscribió con Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid. La prueba evidente de las maniobras del presidente de la Federación Española de Fútbol está en la decisión del juzgado, que también detalla hoy esta emisora, de imponer las costas del incidente a la RFEF, "por la actuación dilatoria mantenida".

Pero la opacidad y el retraso en la entrega de documentos no han sido las únicas dificultades a las que ha tenido que enfrentarse el Valencia en este largo camino. El enfrentamiento con el poder establecido en Las Rozas ha tenido consecuencias. Una de ellas fue la multa a la que la entidad tuvo que hacer frente por las declaraciones de su leyenda y embajador, Ricardo Arias, después del pésimo arbitraje de Munuera Montero en la ida de las semifinales de Copa 2022 contra el Athletic de Bilbao: "Lo que me queda claro es que el criterio arbitral no está unificado, cada uno hace lo que quiere, no tienen miedo a las sanciones, pitan lo que quieren y consultan cuando quieren. Así no se puede. Lo que está claro es que la parcialidad está latente y se le ha privado al Valencia CF descaradamente de poder llevarse un partido y tener la posibilidad de poner un pie en la final".

Para dicha final, por cierto, también se produjo una agria polémica a cuenta de las reuniones para preparar el evento que se convocaron en Las Rozas. En una de ellas, días antes del partido en La Cartuja, fuentes oficiales del Valencia aseguraron a la Cadena SER que Rubiales ofreció un mayor número de entradas al entonces presidente, Anil Murthy, si se comprometía a retirar la demanda que ahora ha sido presentada de forma definitiva. No se produjo desmentido público alguno de la RFEF a esta información, de tremenda gravedad.

Aunque el asunto en el que más evidente se ha hecho la animadversión federativa contra el Valencia ha sido el de Gayà. Los comités de Competición y Apelación, dependientes de la RFEF -esto es, de Rubiales-, decidieron sancionar a Gayà con cuatro partidos, varios meses después y ya con la temporada terminada, por sus declaraciones posteriores a un encuentro contra Osasuna. La comparación con otras frases, mucho más graves, de jugadores como Piqué o Iago Aspas y entrenadores como Álvaro Cervera o Manuel Pellegrini constituyen uno de los escándalos más graves en la historia reciente del fútbol español.

Rubiales continúa en el cargo a pesar de los numerosos escándalos que salpican su gestión. El penúltimo lo ha desvelado hoy El Confidencial. Reconoce el presidente en conversaciones de WhatsApp con familiares que no soporta a Villarreal, Sevilla y Valencia. En otro país, ya hace tiempo que le habrían obligado a dimitir por decoro. Pero ahí sigue. Al menos, la determinación de los servicios jurídicos valencianistas le obligará a dar explicaciones. Y ya ha tenido que entregar los contratos. Es un precedente que deberían seguir todos los clubes que se sientan tan perjudicados como, es evidente, lo ha sido el Valencia.