Entidades sociales reclaman en València una ley estatal que garantice el derecho a la vivienda

València

Decenas de entidades sociales se han manifestado este sábado en València para protestar contra el aumento de los desahucios en toda la Comunitat Valenciana y para exigir al Gobierno central una ley estatal que garantice el derecho "real" a la vivienda. Un derecho que, recuerdan, está reconocido en la Constitución Española.

Durante los primeros seis meses de 2022 se realizaron 3.387 ejecuciones hipotecarias en nuestra autonomía, lo que representa el 14 % del total de España. Según datos del poder judicial, uno de cada tres responden a impagos de la hipoteca, pero la mayoría, casi el 60 %, son ya por la imposibilidad de pagar el alquiler.

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Alarmada por la magnitud del problema, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) València ha recorrido las calles de la capital del Túria para reclamar medidas "urgentes" y "eficaces" para que ninguna familia tenga que vivir en la calle.

"Hay gente que está amenazada porque la van a tirar de casa y, en estos momentos, hay una situación de demanda de vivienda enorme", alertan. Por ello, piden a las instituciones que la primera ley de vivienda de la democracia no sea "cosmética", sino que se construya con las garantías necesarias para que sea capaz de poner remedio a dicha reivindicación social.

"Un horizonte de esperanza"

Los manifestantes han partido a las 11:30 horas desde la plaza de San Agustín mostrando carteles con mensajes como "¡Ni un desahucio más!", "Especuladores inmobiliarios fuera de mi barrio" o "Stop desahucios". Asimismo, han coreado consignas como "Ni gente sin casas, ni casas sin gente".

Desde la plataforma, han solicitado que se abra, "de una vez" por todas, un "nuevo horizonte de esperanza para jóvenes, migrantes y personas mayores mediante políticas que "no solamente estén a favor del rescate de la banca y de las instituciones que miran a la vivienda como una mercancía".

Para conseguirlo, defienden, no se deben desahuciar a las familias sin alternativa habitacional, se debe obligar a los fondos buitre, a los bancos y a las inmobiliarias a ofrecer alquileres sociales y se deben controlar los precios del alquiler en las zonas tensionadas, donde éste es "insoportable".

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Así, el portavoz de las PAH del País Valencià, José Luís González Meseguer, insiste en que "las más de 40.000 viviendas vacías y los más de 70 millones de metros cuadrados libres que tiene la Sareb" -el también conocido como 'banco malo'- deben pasar a "formar parte de un parque público habitacional" y estar disponibles para todos aquellos ciudadanos que necesiten acceder al mismo.

El "kafkiano" límite a las hipotecas de las familias más vulnerables

González Meseguer añade que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la banca para aliviar el pago de las hipotecas a las familias vulnerables es insuficiente. Aunque aplaude el intento, critica que el ejecutivo desatienda a los movimientos sociales y elija pactar, unilateralmente, con el capital.

"Los políticos no solo tienen que hablar con la banca, también está la sociedad y la gente que sufre", ha afirmado. A su juicio, estas medidas "son bastante kafkianas, ya que solo se va a ayudar a aquellas familias que, cobrando menos de 25.400 euros anuales, tengan un endeudamiento superior al 50 por ciento".

En esta línea, González lamenta que "parece que la gente tiene que estar por los suelos" para poder acceder a este tipo de ayudas. "Nos parece fatal y creemos que debe hacerse una política que mire a la gente y no tanto a los poderes económicos", concluye.

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