La defensa de Camps trata de anular el juicio por 'Gürtel' porque, defiende, los hechos han prescrito y que se han vulnerado sus derechos
Camps denuncia una "persecución feroz" y "pactos obscenos" de Anticorrupción
El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps regresa este lunes a la Audiencia Nacional para ser juzgado por la presunta adjudicación irregular a la trama Gürtel del montaje de un expositor de Fitur en 2009, después de que el tribunal suspendiese la semana pasada el inicio del juicio. / FERNANDO VILLAR (EFE)
Valencia
La defensa del expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha denunciado este lunes una supuesta vulneración de derechos de su patrocinado. Ha asegurado que los delitos que se le imputan por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama 'Gürtel', habrían prescrito y ha pedido anular el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional.
La representación de Camps ha realizado estos planteamientos durante la exposición de las cuestiones previas, antes de que empiecen las declaraciones de los acusados, que comparecerán este martes ante el tribunal presidido por el magistrado José Antonio Mora.
El inicio de la vista oral, que sienta a otros 25 acusados en el banquillo, viene precedido de una cascada de confesiones y conformidades. Fuentes jurídicas han explicado que un total de 11 personas han alcanzado acuerdos con la Fiscalía.
La abogada de Camps ha asegurado que los hechos que se imputan a su cliente, que se enfrenta a una petición de Anticorrupción de dos años y seis meses de cárcel, ya fueron juzgados en otro procedimiento: el conocido como 'caso de los trajes' que se siguió en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
En este contexto, la representación del expresidente autonómico también ha invocado la supuesta vulneración de derechos de Camps haciendo un repaso a los hechos que desembocaron en su imputación en la causa. Se trata de un proceso, ha argüido, viciado de nulidades.
La letrada, que también se ha referido a una presunta vulneración del derecho de defensa e información, ha asegurado que los delitos que se le imputan estarían prescritos. En esta línea, ha fijado como fecha desde la que empezar a contar los 10 años de prescripción el día en que se determinó la adjudicación del contrato, en 2008. Y es que, ha añadido, el auto dictado por la Audiencia Nacional en que se otorgaba la condición de investigado a Camps se habría producido unos meses después de haber prescrito el citado plazo.
Francisco Camps ha denunciado este lunes a las puertas de ser juzgado por el caso Gürtel una "persecución feroz" de la Fiscalía Anticorrupción y sus "pactos secretos y obscenos" y ha asegurado: "No temo absolutamente nada".
"Jamás he tenido nada que tenga que ver con todo lo que durante estos años ha sido una persecución feroz de la Fiscalía Anticorrupción", ha subrayado en declaraciones a los periodistas antes de ser juzgado en la Audiencia Nacional por la presunta adjudicación irregular a la trama Gürtel del montaje de un expositor de Fitur en 2009, después de que el tribunal suspendiese la semana pasada el inicio del juicio.
Camps carga de nuevo contra Puig
La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel y diez de inhabilitación para Camps, que ha vuelto a cargar duramente contra el actual president de la Generalitat, Ximo Puig, por perseguirle también de manera "feroz" y le ha instado a ser "valiente" para ponerse delante de los medios de comunicación y dar explicaciones.
El expresident y exlíder del PPCV ha denunciado los "pactos secretos y obscenos" de la Fiscalía Anticorrupción con algunas personas y ha insistido en que es una obscenidad que el Ministerio Público "busque a personas para intentar inculpar a otras a cambio de rebajas en las exorbitantes peticiones de condena que se piden muchas veces".
El que arranca este lunes será su segundo juicio por Gürtel -el primero, conocido como el de "los trajes" y en el que acabó absuelto, le llevó a dimitir en 2011- y, según ha dicho, lo afronta sin temor alguno.
Junto a él serán juzgadas más de una veintena de personas, incluidos varios ex altos cargos del gobierno valenciano y también el considerado cabecilla de la red, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo, y el responsable de las empresas en Valencia, Álvaro Pérez, el Bigotes.
