Un fondo de inversión amenaza con desahuciar a 125 familias en València tras comprar el edificio

València

La Generalitat continúa con los trámites para comprar el edificio de Sociópolis, en La Torre, y evitar el desahucio de las más de cien familias que viven allí desde hace diez años. La promotora de este inmueble, Àtica, realizó alquileres con opción a compra hace ahora una década mediante unos contratos terminan el próximo 4 de marzo. Sin embargo, ahora les exigen unos precios desorbitados por las casas y los vecinos lo han rechazado ya que, además, se trata de viviendas de protección oficial. La decisión de la promotora ha sido vender el bloque entero a un fondo de inversión, que ahora los quiere desahuciar para poder venderlos por mucho más dinero.

El Consell ha decidido tratar de impedir el desahucio y va a ejercer el derecho de adquisición preferente que obligaría a la promotora a vendérselo a la Generalitat por el mismo precio acordado con el fondo de inversión: 18,8 millones de euros. La conselleria de Vivienda ya ha empezado los trámites de la que sería la mayor operación de este tipo hasta la fecha aunque para conseguirlo se tienen que cumplir unos requisitos que aún están en estudio. El director general de Vivienda, Alejandro Aguilar, es optimista y ya avanza que, si no puede ser mediante adquisición preferente, la Generalitat tratará de comprar el edificio por otros métodos.

Y mientras, los vecinos viven angustiados desde hace unas semanas porque queda un mes para que termine el contrato y no saben lo que pasará. Raquel Gallego es una de las más de cien familias afectadas, que viven desde hace diez años en este edificio de La Torre, y espera que la Generalitat se pueda hacer con el edificio ya que la Conselleria se ha comprometido a mantenerles a todos el alquiler, tras un estudio pormenorizado para saber su situación económica y ofrecerles un precio digno.

Los vecinos han perdido el dinero adelantado

Gallego lamenta que, en estos diez años, han perdido todo el dinero adelantado de la compra del edificio que se incluía con su alquiler (en su caso, unos 20.000 euros), y encima podrían quedarse en la calle. Según los cálculos que ha hecho, su piso debería costar unos 105.000 euros si se vendiera, como estaba previsto, como vivienda de protección oficial (a lo que habría que sumar los 20.000 euros que ya ha adelantado), pero la promotora le pide ahora 195.00 euros. Afirma que el precio es inasumible para casi todos los vecinos y, además, ningún banco les ofrece una hipoteca tan alta.

De las 125 familias que vivían allí, hay cuatro que ya han decidido abandonar sus viviendas para evitar problemas, pero la gran mayoría quieren seguir viviendo en sus casas. El fondo de inversión que quiere comprar el edificio ya ha enviado una carta a todos los propietarios anunciarles que antes del 4 de marzo deben devolver las llaves de las viviendas y abandonar sus hogares, además de haber dado ya de baja todos sus suministros.

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Pase lo que pase, este caso puede costar unos 19 millones de euros a las arcas públicas, que se suman a los diez millones que costó comprar otro edificio amenazado de desahucio en Sagunt. Así que esa no puede ser la solución a largo plazo. El director general de vivienda, Alejandro Aguilar, afirma que es imprescindible aprobar ya una ley estatal de vivienda para que estas operaciones especulativas sean ilegales.

Próximos pasos

Esta semana se ha realizado la tasación de este edificio en sociópolis y, si el precio de ese edificio está igual o por encima de la oferta de 18,8 millones de euros, la Conselleria podrá comprarlo. En el caso de que la tasación concluya de que el precio del edificio es de menos de esa cantidad, no se podrá ejercer el derecho a adquisición preferente.

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Por su parte, desde el Ayuntamiento de València, el alcalde pedáneo de La Torre, Roberto Cuartero, explica que se ha puesto a disposición de los vecinos para mediar con la promotora y para facilitar todos los trámites necesarios con la Generalitat. Insiste en que los vecinos deben poder seguir viviendo en sus casas y espera que la Conselleria de Vivienda consiga finalmente adquirir el edificio.