La huelga de letrados de justicia bloquea cerca de 43 millones de euros en los juzgados valencianos
Se están dejando de pagar pensiones alimenticias, indemnizaciones y cualquier otra cantidad que muevan los juzgados valencianos, hasta sumar 42,75 millones

Ciudad de la Justicia de València en una imagen de archivo. / Europa Press

València
La huelga de letrados mantiene bloqueados cerca de 43 millones de euros que deberían mover los juzgados valencianos. Según datos a los que ha tenido acceso la Cadena SER, en estos primeros 19 días de paro de los letrados de la administración de justicia (la iniciaron, de forma indefinida, el pasado 24 de enero) se han suspendido más de 20.000 juicios y actuaciones y hay asuntos que se están retrasando hasta el año 2025.
El seguimiento de la huelga está siendo de un 58 por ciento de media, con más impacto en Alicante que en Valencia y Castellón, y las consecuencias ya se notan en los juzgados valencianos. Se están dejando de pagar pensiones alimenticias, indemnizaciones y cualquier otra cantidad que muevan los juzgados valencianos, hasta sumar 43 millones de euros (en concreto 42,75 millones).
Según datos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la huelga indefinida de letrados de la Administración de Justicia ha provocado un total de 5.168 incidencias en los órganos judiciales de la Comunidad Valenciana entre los días 23 de enero y 3 febrero. Las jurisdicciones más afectadas, por este orden, son Penal, Civil, Social y Contencioso-Administrativo.
Además, se están aplazando alrededor de 685 actuaciones diarias de media. En el caso de los juzgados de lo social, se están retrasando hasta 2025 y en salas de lo penal hasta finales de 2024. En cuanto a los de instrucción, que deben ser más ágiles, los aplazamientos son hasta el mes de noviembre. Según estos datos, seis de cada 10 procedimientos en trámite en la Comunitat Valenciana están ahora mismo paralizados.
Suspendido el sorteo del caso Sala
Uno de los juicios más mediáticos que está afectado por esta huelga es el segundo juicio por el asesinato de la viuda de Vicente Sala, el expresidente de la CAM, a manos presuntamente de su yerno. El sorteo de los 36 candidatos a jurado popular ha sido aplazado sine die. La realización de ese sorteo debía celebrarse este miércoles pero quedó suspendido al no estar presente la letrada de la administración de justicia adscrita a la Sección del Tribunal del Jurado, encargada de supervisar y velar por la corrección del proceso.
El origen del conflicto es el desequilibrio salarial que denuncian las asociaciones de letrados en relación al resto del personal de la justicia como los jueces. El ministerio de Justicia ha convocado para el próximo miércoles al comité de huelga para tratar de llegar a un acuerdo.
La huelga está teniendo consecuencias similares en juzgados de toda España. En los juzgados canarios, por ejemplo, estas tres semanas de huelga se han traducido en la paralización de 30 millones de euros. En Castilla-La Mancha, el paro ya ha afectado a 300 juicios en ciudades como Albacete.
La respuesta del Gobierno central
La pasada semana el director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López, transmitió a los LAJ que son "una pieza esencial" del Poder Judicial y expresó su "confianza" en que las negociaciones con el Ministerio "puedan concluir en un acuerdo razonable y satisfactorio".
En una carta remitida a un miembro del comité de huelga, a la que ha tenido acceso Europa Press, López puso en valor el trabajo de los letrados e hizo hincapié en que por ello "el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, sólo el pasado 2022, puso en marcha la reforma del complemento específico y dos programas para mejorar las retribuciones de los y las integrantes del cuerpo en materia de entradas y registros, y en materia de sustituciones".
Así se pronunciaron desde Moncloa ante la misiva que tres asociaciones de LAJ enviaron al presidente Pedro Sánchez para pedirle que adoptara las "medidas necesarias" para reconducir el conflicto que mantiene con el Ministerio y evitar la huelga indefinida que comenzó el martes 24 de enero.




