Dos de cada diez desalojos contabilizados en el último trimestre de 2022 se produjeron en la Comunitat Valenciana

València

La Comunitat Valenciana es la segunda autonomía que más desahucios ha registrado en el último trimestre de 2022 según los datos del Colegio de Registradores de la Propiedad de España. Aquí se produjeron 840 desalojos del total de 4.076 y, aunque si comparamos las cifras nacionales con las del mismo periodo de 2021 observamos un descenso del 20%, cabe destacar que en nuestro territorio se contabilizaron dos de cada diez desahucios.

Según el Colegio de Registradores, entre octubre y diciembre del año pasado el porcentaje de desalojos aumentó un 40% en comparación con el trimestre anterior, una circunstancia que en palabras de Pura Peris, directora general de Emergencia Habitacional, "no para". Peris explica que en el caso de la Comunitat se debe a dos razones: por un lado, a las demoras en los procedimientos judiciales producidos durante la burbuja inmobiliaria y, por otro, a impagos actuales.

Según Peris, todavía había pendientes diferentes recuperaciones de viviendas de promotores que no pagaban y que pasan ahora a manos de fondos de inversión. En su opinión, se ejecutan estos procedimientos y las viviendas quedan en manos de otros propietarios que "no están por la labor de mantener los alquileres que había anteriormente". Peris achaca también ese incremento a impagos actuales, muchos de ellos por alquiler: "Se ha puesto el coto del 2% de subida del alquiler pero todo tiene su truco. Si se acaba el contrato te hago otro nuevo y ya no es un 2%, hay propietarios que piden hasta un 40% más".

El Gobierno central aprobó el Real Decreto - Ley de medidas urgentes por la crisis derivada de la guerra de Ucrania, una norma que prohíbe desalojar a personas en situación de vulnerabilidad hasta junio de 2023 pero que, en opinión de Peris, "está resultando insuficiente".

La directora general defiende que la solución pasa por disponer de un parque público de vivienda, y subraya que la mayoría de los propietarios en los que se producen los desalojos son grandes tenedores "que quieren seguir utilizando las viviendas no como un bien de primera necesidad, sino como un bien de mercado". Peris señala que la situación puede ir a más.

Desde la Plataforma Antidesahucios (PAH) argumentan que las familias también también se están viendo afectadas por un "empobrecimiento general" y por la inflación. En opinión de su portavoz, José Luis González, hay varias soluciones, pero sobre todo pide claridad en la redacción de la norma que regula el escudo social: "La redacción debería ser más clara porque en situaciones muy parecidas hay resoluciones diferentes y eso es terrible".

El foco puesto en la Ley de Vivienda

El Gobierno de coalición lleva meses negociando la futura Ley de Vivienda y en esa norma están puestos todos los ojos. La directora general invita a mirar a Portugal que, según considera, "tiene una ley de vivienda interesante con regulación de los alquileres y donde se dice que no va a haber ni un solo alojamiento turístico más".

Por su parte, el portavoz de la PAH se muestra optimista y reclama que la norma prohíba los desalojos para familias vulnerables sin alternativa habitacional y limite también los alquileres. González exige asimismo que se congelen las hipotecas porque "son las personas las que asumen el coste cuando los bancos incrementan sus beneficios sin hacer nada".