El drama de los desahucios en Alicante continúa mientras la vivienda es eje central de los programas electorales
Esta semana hay programados dos desalojos de familias vulnerables con hijos menores de edad a manos de fondos buitre
Alicante
Mientras la necesidad de vivienda se ha colado en los programas electorales de todos los partidos políticos para estas elecciones municipales, el rodillo de los desahucios sigue avanzando. Dos familias esperan recibir esta semana la visita de la comitiva judicial. En el Barrio del Cementerio y en el de Altozano. El Sindicat de Barri Carolines sigue denunciando la "inacción y poca efectividad" de los servicios sociales de Ayuntamiento y Generalitat.
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Este jueves, en el barrio del Cementerio, está previsto que se ejecute el desalojo de Ibrahim, con cuatro hijos menores a su cargo. Está separado y en paro. El desahucio de la vivienda que habita, en la calle La Mina número 21, está previsto a las nueve de la mañana por parte del fondo buitre Promontoria Jaguar Real Estate. Ibrahim ha iniciado los trámites sociales y ha solicitado vivienda en la Entitat Valenciana de Habitatge i Sòl (EVHA).
El Sindicat de Barri Carolines ha convocado a todo el vecindario para tratar de mediar con la comitiva judicial y conseguir un aplazamiento hasta que esta familia encuentre "una alternativa habitacional y no acabe en la calle". Y el viernes 19, el fondo buitre Intrum Spain Real Estate "patrocina" el desahucio de otra familia vulnerable. Una mujer y su hija menor de edad, en el barrio de Altozano.
Esta madre ha agotado todos los recursos legales para detener el desahucio sin que ninguna administración le dé alternativa habitacional. Ingresa 880 euros por una pensión de viudedad y la Renta Valenciana de Inserción. Para el Ayuntamiento de Alicante, según la respuesta que ha recibido, "dichos ingresos se estiman suficientes para la búsqueda de una vivienda en el mercado libre", según Fran Llopis, portavoz del Sindicat.
Fran Llopis, portavoz Sindicat de Barri Caroline: "Este caso es especialmente grave y la respuesta del Ayuntamiento es irresponsable"
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Ha interpuesto una quejan ante el Síndic de Greuges por "violencia institucional" por parte de los servicios sociales municipales. El EVHA solicitó al Ayuntamiento el pertinente decreto de Emergencia Habitacional, para poder activar el protocolo de urgencia de adjudicación de vivienda social, pero no ha habido respuesta.
En este caso, es un desahucio "invisible". La afectada no quiere hacer pública su situación por "no pasar por la vergüenza" que supone que la policía le eche de casa. En ambos casos, el Sindicat les está acompañando y asesorando en el proceso de legal.