Alicante, territorio hostil para las personas sin hogar o que ejercen la mendicidad

Alicante

La Ordenanza de Convivencia Cívica del Ayuntamiento de Alicante, calificada como Ordenanza contra la "Mendicidad y Prostitución" o de la "vergüenza" por los colectivos sociales de la ciudad, cumple ya más de un año de vigencia sin que su aplicación haya supuesto una solución al problema de la pobreza. Las entidades sociales y los propios afectados, constatan que es una medida "cruel", que "trata de esconder la pobreza" e "incomodar a las personas" que duermen en la calle.

La aplicación de esta polémica normativa, aprobada en febrero de 2022 con los votos a favor de PP y Ciudadanos, socios de gobierno en aquel momento, y también con los votos a favor de Vox, contempla multas de hasta 750 euros por dormir en la calle y de hasta 3.000 euros por comportamientos que adopten la forma de mendicidad, entre otras sanciones.

En este tiempo y pese a la falta de transparencia municipal, no consta que el Ayuntamiento haya multado económicamente a personas por dormir o pedir limosna en la calle, pero sí se han levantado actas administrativas contra algunas de estas personas, principalmente en las zonas más turísticas y al comienzo de la entrada en vigor de la ordenanza, con el objetivo de desalojar a estos colectivos del centro de la ciudad y, de alguna manera, que no vuelvan a ubicarse en esos espacios.

De hecho, dando un paseo por las principales avenidas de la ciudad, como La Explanada, La Rambla o Maissonave se puede apreciar un descenso considerable del número de personas que antes de la aplicación de la ordenanza, pedían dinero o comida o buscaban un lugar donde refugiarse. Las sanciones administrativas nunca llegan a convertirse en multa económica porque las personas que viven en la calle no tienen un domicilio donde recibir la notificación ya que, en la mayoría de los casos, no están empadronadas en la ciudad.

A pesar de la mayoría suficiente conseguida por el Partido Popular en las elecciones del 28 de mayo, lo que le permite gobernar en solitario, la Ordenanza de Convivencia se mantendrá en los mismo términos. Una ordenanza de convivencia que ha sido denunciada por el PSOE y que ha llegado hasta Europa, ya que el Parlamento Europeo ha admitido a trámite la petición de los socialistas.

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Además, Unidas Podemos también ha llevado la Ordenanza de Convivencia Cívica de Alicante al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que tras fallar el pasado 18 de abril, están a la espera de la sentencia.

Las entidades sociales creen que "fomenta la aporofobia"

La Plataforma contra la Pobreza de Alicante señala que tras la aprobación de la ordenanza, las personas sin hogar se han visto obligadas a desplazarse a otros barrios de la ciudad, más alejados de la fachada litoral, incluso a otros municipios como Elche, donde los Servicios Sociales han detectado un incremento de estas personas.

Kike Romá, portavoz de la plataforma explica que "se trata de una medida muy injusta, que fomenta la aporofobia y la persecución hacia el pobre. Detrás de esta ordenanza solo hay un intento de esconder la pobreza, no de atajarla, declara". "Lo que haces cuando persigues a la gente, es que la gente huya, es decir, se quite del escenario". Añade que la norma ha generado "una fractura social de diálogo entre el entendimiento de un gobierno municipal con los colectivos sociales".

Por otro lado, desde la Red de Entidades a Personas Sin Hogar de Alicante, REAPSHA, explican que es una ordenanza que "incomoda" a las personas que duermen en la calle. Sergio Méndez, miembro de la Comisión Permanente de esta red de entidades destaca que "hay actuaciones de limpieza" o "intervenciones en solares o en los múltiples asentamientos que por desgracia en Alicante, cada vez más, están proliferando" que dificultan la estancia de estas personas. "Para la gente que su espacio vital es la calle, es muy molesto, la gente se siente en una situación de vulnerabilidad". Méndez señala que "lo que realmente tenemos es un problema de falta de recursos, de falta de vivienda y Alicante no es una ciudad, en este momento, amigable u hospitalaria para quien está en situación de exclusión".

REAPSHA contabiliza, al menos, unas 200 personas que actualmente están durmiendo en la calle en Alicante sin contar con familias que están residen en una situación de "infravivienda" y otras muchas situaciones de "vulneración de derechos". "Hay recursos que no tiene Alicante y que desde REAPSHA entendemos que son necesarios como un Centro de Convalecencia para personas sin hogar o un Centro de Baja Exigencia" declara Méndez.

Las personas sin hogar, desplazadas

Los propios afectados cuentan los problemas que les ha supuesto la aplicación de la ordenanza. Las personas sin hogar muestran su indefensión ante los efectos de esta normativa, que en ocasiones, les ha obligado a desalojar zonas en las que estaban pernoctando, sin previo aviso, o han sufrido la retirada de pertenencias como colchones o ropa.

Es el caso de Jaime, quien llegó a la calle por falta de apoyo familiar teniendo además problemas de salud en una pierna. "Realmente la ordenanza no se sabe muy bien lo que dice, pero un día llegó la Policía Local claramente dispuestos a desalojar la zona donde había varias personas durmiendo, en los bajos del Puente Rojo de Alicante, y a tirar todas nuestras pertenencias". Cuenta que le tiraron objetos de valor como ropa y libros de la biblioteca pública. Otro día, indica, "sufrimos un poco de acoso" que en su caso personal tuvo que recurrir a los servicios de salud mental por problemas de ansiedad. Jaime considera que "es una normativa que va en contra de todos los derechos humanos. Ni derecho a la dignidad ni a la mínima propiedad" admite. Lamenta que desde los Servicios Sociales municipales no le han arreglado todavía ni el "informe de exclusión" con el que poder buscar un trabajo.

A Mario, por ejemplo, natural de Alcoy y que actualmente pasa las noches con su mujer Carmen en los alrededores del Centro municipal de Acogida e Inserción de Alicante, lleva más de un año y medio durmiendo en la calle. Cuenta que, en una ocasión, la Policía le dijo que tenía que tirar el colchón donde dormía porque "tenían miedo de que se lo quemaran". Cree que se el camión de la basura pudo llevarse el colchón, aprovechando que estaban en Cruz Roja.

Otro caso es el de Amor, que vive desde hace tres años en un asentamiento en la Zona Norte de Alicante junto a su perra pero suma ya trece años en la calle. "Encima que estamos en la calle, que no tenemos para comer, que nos buscamos la vida pidiendo, aún nos ponen multas. Somos invisibles, no nos hacen caso, somos la peste". "Gracias a la Renta Valenciana de Inclusión puedo comer y solo necesito una vivienda social, un techo".