La Coordinadora Valenciana de ONGD exige a los nuevos gobiernos locales y autonómico políticas sociales dirigidas a acabar con la pobreza y las desigualdades

Valencia

La Coordinadora Valenciana de ONGD - que agrupa a 101 entidades de toda la Comunitat- celebró ayer su Asamblea General Ordinaria, en la que han pedido que el nuevo gobierno autonómico y los ayuntamientos que se están constituyendo, sigan impulsando políticas sociales comprometidas con los derechos humanos y la protección de la naturaleza, y no cedan ante las posiciones políticas que cuestionan la solidaridad, el cambio climático y los derechos de mujeres, personas migrantes, el colectivo LGTBIQ+ y otros grupos sociales que sufren desigualdades y discriminación.

“Estamos viviendo tiempos difíciles para la solidaridad y la justicia global. Crecen los movimientos políticos que promueven el odio, el miedo y la intolerancia, y se radicaliza un sistema económico que multiplica las desigualdades y genera exclusión para la gran mayoría de la población. Todo esto que ocurre aquí y en muchas otras partes del planeta, socava los cimientos mismos de la vida en sociedad. Ni podemos ni vamos a mirar hacia otro lado ante esta crisis de valores”, explica Cristina Ramón Lupiañez, presidenta de la Coordinadora.

En la misma línea, la vicepresidenta de la Coordinadora, Lourdes Mirón, apunta que están especialmente preocupados por el retroceso en derechos humanos que suponen algunos pactos, por ejemplo el que han firmado PP y Vox para gobernar la Comunitat Valenciana, que supone un riesgo para los migrantes y las entidades, como sus asociadas, que trabajan con este colectivo.

Por eso, las 101 entidades que componen la Coordinadora Valenciana de ONGD, han aprobado una resolución en su Asamblea en la que apelan a la ciudadanía para que, en las elecciones generales, apoyen opciones políticas comprometidas con los derechos humanos y la protección de la naturaleza. La indiferencia, incide Mirón, puede ser muy peligrosa.

Demandas

Entre las demandas concretas que la Coordinadora reclama a los nuevos gobiernos autonómico y locales en el marco de esta nueva legislatura 2023-2027, destacan:

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Seguir impulsando los derechos humanos, incluidos derechos sociales y económicos, y la igualdad en la diversidad en las políticas públicas con el fin de erradicar la pobreza y la exclusión, sin dar marcha atrás en los importantes logros conseguidos en los últimos años.

Cumplir las obligaciones y compromisos de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, incluidas las personas migrantes, desplazadas y refugiadas.

Impulsar y no abandonar las políticas de defensa del medio ambiente, incluidas las destinadas a disminuir la huella ecológica de la Administración y de la actividad económica; a minimizar el uso de recursos, e impulsar su reciclaje y reutilización; a impulsar las energías renovables en espacios públicos, y de forma racional para no poner en riesgo el entorno rural; a promover las comunidades energéticas desde las entidades locales; a impulsar el transporte público sostenible; y a promover la sensibilización sobre el cambio climático y la sostenibilidad ecológica.

Cumplir con los acuerdos firmados por una Cooperación Internacional al Desarrollo transformadora a nivel autonómico y local en los municipios de Valencia, Alicante, Castelló de la Plana y Elche, garantizando el 0,4 % de los presupuestos al final de la legislatura para estas políticas, en el camino del 0,7 % marcado como objetivo global para 2030.

Impulsar la mejora de la calidad de la gestión y la rendición de cuentas de la cooperación valenciana, manteniendo las estructuras de gestión de dirección general y concejalías de cooperación internacional para el desarrollo, dotarlas de competencias políticas, recursos económicos y personal técnico suficiente, formado y estable, para poder así impulsar una gestión adecuada y actualizada de la política de cooperación.

Favorecer el comercio justo, el consumo responsable, la economía alternativa y solidaria, la compra pública ética de las Administraciones Públicas y el respeto por parte de las empresas de los derechos humanos y laborales a lo largo de toda la cadena de producción.