Vox València pacta con el PP su apoyo a las nuevas ordenanzas fiscales, pero de momento no entra en el gobierno de Catalá

València

El PP y Vox han firmado la paz en el Ayuntamiento de València después de los desencuentros de los últimos días. El llamado "socio preferente" actúa como tal y respalda la propuesta de ordenanzas fiscales del gobierno de María José Catalá sin ninguna contraprestación a cambio, al menos que hayan hecho pública. De momento Vox no entra en el gobierno local, pero los partidos progresistas dan por hecho que ambas formaciones ya han rubricado un pacto que quieren ocultar.

La comisión de Hacienda del Ayuntamiento de València ha aprobado este miércoles con los votos del PP y Vox las ordenanzas fiscales de 2024 pero, ¿por qué? Hace solo unos días los de Abascal insistían en que no lo harían si no entraban a formar parte del gobierno local y ese cambio de postura es lo que despierta las preguntas.

Según el portavoz de Vox, Juanma Badenas, han votado a favor de las reglas fiscales porque supondrá un sustancial ahorro impositivo a los bolsillos de los ciudadanos. Badenas ha defendido que han apoyado la medida tras conocer el texto de la ordenanza en una reunión que mantuvieron este martes por la tarde la alcaldesa Catalá y el propio Badenas, junto a personas de su máxima confianza, como el diputado en el Congreso de Vox, Ignacio Gil Lázaro.

Badenas ha defendido que no han bajado el tono "siempre ha sido lo mismo" y ha reiterado por cuarta vez que tienen "la mano tendida para entrar en el Ayuntamiento de València": "Mi posición creo que ha sido invariable".

Por su parte, la alcaldesa María José Catalá también ha insistido en que el pacto se circunscribe únicamente a las ordenanzas fiscales y ha anunciado que en los próximos días continuarán las conversaciones con Vox para recabar sus apoyos de cara a los presupuestos municipales. Catalá, eso sí, ha reconocido que poco a poco van afianzando la confianza entre sí, por lo que no descarta nada.

La oposición no tiene dudas

Ese tono amable, sin embargo, ha sido interpretado por los partidos progresistas como un acercamiento hasta tal punto que dan por hecho de que el acuerdo es más amplio y hablan incluso de pacto de gobierno oculto. Así se ha expresado la portavoz socialista, Sandra Gómez, que considera que PP y Vox han recibido un tirón de orejas de sus direcciones de Madrid para que rebajen la tensión y garanticen la gobernabilidad del Ayuntamiento de València.

Desde Compromís, su portavoz Papi Robles, ha asegurado que las presiones de Vox están marcando la deriva hacia la extrema derecha de María José Catalá, una situación en la que, a su juicio, la alcaldesa se siente muy cómoda.

Recordamos que en las últimas semanas Vox ha votado en contra de algunas propuestas que planteaba el Partido Popular y que no han podido salir adelante por falta de mayoría, como el nuevo staff directivo de la EMT, entre otros.

Ordenanzas fiscales

La propuesta de ordenanzas fiscales que plantea el PP supondrá una rebaja fiscal de unos 70 millones de euros, gracias a la reducción de una serie de impuestos a los ciudadanos, lo que derivará en una merma de la recaudación para la caja municipal. En concreto, se va rebajar un 20% el IBI y un 8% el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

También se establecerá una bonificación del 95% en las plusvalías por herencias, otra bonificación del 95% en las transmisiones de negocios de padres a hijos y una reducción del 50% en la tasa de alcantarillado. Solo las rebajas en el IBI suman más de 47 millones y la minoración de las plusvalías por herencias, 10,6 millones de euros.

En el PP han defendido que estamos ante un "día histórico" porque se aprueba la mayor rebaja fiscal en la historia de la ciudad pero desde Vox han asegurado que les hubiera gustado ir más lejos, aunque consideran la medida lo suficientemente significativa como para apoyarla.

En cambio, en Compromís han criticado que Catalá se comporta como Robin Hood, pero al revés, porque le quita a los pobres para dárselo a los ricos y el PSPV lo han calificado como un timo fiscal que provocará una reducción de ingresos a las arcas municipales que obligará a llevar a cabo recortes en derechos y servicios sociales.