Los abuelos de la niña tutelada de Castellón solicitan en el Juzgado de Familia la ejecución inmediata de la sentencia del Supremo que ya ha cumplido plazos
Este jueves se cumplió el plazo de 30 días que el Supremo dio para que se la familia acogedora devolviera a la niña a su familia biológica
La familia biológica de la niña tutelada de Castellón ha presentado una demanda en el Juzgado de Familia de Castellón solicitando la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la familia de acogida a que la niña sea devuelta a sus abuelos paternos.
Como ha podido comprobar Radio Castellón, la familia biológica reclamó la custodia de la niña pocos días después de que los servicios sociales tutelaran a la menor, un mes después de su nacimiento. La pequeña nació un 1 de diciembre de 2017 y el 2 de enero entró en el programa de tutela. Los abuelos biológicos pidieron su custodia un 5 de enero de 2018.
Se cumplen los plazos del Supremo
Tras un largo procedimiento judicial, el Tribunal Supremo emitió una sentencia el pasado 18 de octubre en favor del retorno a su familia biológica de la niña que, ha pasado los último 6 años con una familia de acogida. El Supremo dio un plazo de 30 días hábiles a la familia y a la Conselleria para entregar a la menor a sus abuelos paternos.
Este jueves, 30 de noviembre, venció el plazo que dio el Tribunal Supremo a la familia de acogida, dos hombres de València, y a la Conselleria de Servicios Sociales e Igualdad para devolver a la menor tutelada a su familia biológica.
Un documento al que ha tenido acceso esta emisora, ratifica que el pasado lunes 27 de noviembre estaban citadas las partes para hacer la entrega de la menor en un Punto de Encuentro Familiar.
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Sin embargo, los abuelos paternos denuncian que ese encuentro no se produjo por la ausencia de la familia de acogida y de la Conselleria.
Piden que se cumpla la sentencia "con urgencia"
Ahora, la familia biológica ha pedido, a través de la justicia, que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo. Mientras, la familia de acogida asegura que ha llevado el caso al Tribunal Constitucional, al que han solicitado medidas cautelares que dejen sin efecto la sentencia del Supremo.
