El TSJ respalda que la playa de San Gabriel se abra al baño y los vecinos exigen al Ayuntamiento que la dote de servicios
El tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por el consistorio y le obliga a pagar las costa
Alicante
El TSJ da la razón a los vecinos de la Asociación Gran Vía Sur Puerto sobre el reconocimiento de la playa de San Gabriel, al desestimar el recurso de apelación interpuesto en agosto de 2022 por el Ayuntamiento de Alicante.
Se reafirma así la sentencia de primera instancia del Juzgado número 2 de Alicante, que condenó al Ayuntamiento a reconocer la playa y no prohibir en ella el baño, con este nuevo fallo del pasado 30 de noviembre.
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Los vecinos confían ahora en que no solo se permita el baño en sus aguas, sino que el ayuntamiento la adecúe como una más del municipio, incluyéndola en su catálogo, como ya está en el de la Comunitat Valenciana, y que la dote de los servicios necesarios para prestar servicio a los usuarios, explica José Santamaría, portavoz de la asociación Gran Vía Sur.
José Santamaría, portavoz de la asociación vecinal Gran Vía Sur: "La playa de San Gabriel es legalmente reconocida por la Comunitat; que el Ayuntamiento la ponga en el censo"
El primer fallo del juzgado obligaba al consistorio a retirar el cartel de prohibido al baño instalado por el Ayuntamiento en la plaza. Ahora los vecinos insisten en que el ayuntamiento debe acatar la sentencia para no cometer prevaricación y garantizar la próxima temporada de baño. Le piden de paso también medidas para el cese de los vertidos por parte de la depuradora de Rincón de León.
El Ayuntamiento habrá de proceder, antes de la fecha tope de 20 de marzo de 2024 establecida por la normativa, a incluir en el censo de playas de la Comunitat Valenciana de la playa de San Gabriel, junto con el resto de las playas urbanas de Alicante, para que se realicen los controles y analíticas que garanticen la calidad de las aguas de baño.
Los vecinos lamentan además, que se haya impuesto al Ayuntamiento unas costas procesales de 1.500 euros, que habrán de pagar todos los alicantinos.
Sonia Martín
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