Solo 15 de cada 100 jóvenes en la Comunitat Valenciana viven emancipados de sus padres, y su salario está por debajo de la media nacional

Valencia

La tasa de emancipación juvenil de la Comunitat Valenciana mediado 2023 ha sido del 15,5%, nueve décimas por debajo de la media española y más de dos puntos por encima de la cifra alcanzada en el mismo momento de 2022. Así, el porcentaje de personas emancipadas en la región fue el más alto desde 2020. Las tasas de empleo y paro joven se mantuvieron constantes en general, aunque la temporalidad bajó un 15,3% respecto a 2022.

Eso sí, los salarios eran más bajos que los del conjunto de España. El sueldo medio joven apenas superaba los 10.000 euros. Esto supone que una persona joven de la Comunitat Valenciana tenga que dedicar el 91,7% de su salario para alquilar una vivienda en solitario. Si la opción es el alquiler compartido, el coste medio roza el 38% del salario joven.

Los y las jóvenes de la Comunitat no son de los que más se buscan la vida fuera de la provincia en la que nacieron. La media estatal de jóvenes que reside en una provincia distinta a la de su nacimiento es del 9,9%, en caso valenciano es del 7,4%.

En cuanto al momento de independizarse, la gran mayoría se ve obligada a esperar hasta entre los 30 años y los 34 años para poder hacerlo, casi un 75% en el caso valenciano, ligeramente por encima de la media. Pero entre los 16 y los 29 el porcentaje se reduce drásticamente hasta ese 15,5%, casi un punto por debajo de la media nacional.

La tasa de actividad es en la valenciana mayor a la media nacional y es la quinta autonomía del estado, por detrás de Catalunya, Islas Baleares, Madrid y Canarias en el caso de los jóvenes de entre 15 y 29 años. Sin embargo, entre los 30 y los 34, esa tasa se reduce y la valenciana pasa al séptimo puesto en el ranking estatal superada, entre otras, por Extremadura, La Rioja, Euskadi y Catalunya.

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La tasa de paro es elevada entre los 15 y los 29 años, por encima de la media nacional también, pero en este caso el porcentaje se reduce de forma notable entre los 30 y los 34 años y este grupo se encuentra por debajo de la media del resto de autonomías del estado.

El Consell Valencià de la Joventut alerta de que esta situación desemboca en problemas mentales

Àlvar López de Medina, presidente del Consell Valencià de la Joventut, alerta de que estamos en valores enquistados y que lejos de mejorar la tendencia es a peor. Así, si en octubre pasado el porcentaje de la renta que tenía que destinar un joven para alquilar una vivienda en solitario se movía entre el 70 y el 80%, ahora es del 91,7%. El 91,7% de un salario medio de 10.000 euros anuales.

Y en el caso de optar por la compra, haría falta que durante más de cuatro años ahorrara toda su renta (siempre que cobre el salario mínimo) solo para pagar la entrada. Eso se traduce en una prevalencia cada vez mayor de problemas de salud mental ante la imposibilidad de iniciar un proyecto de vida.

López de Medina afirma que es necesario que las administraciones cojan el toro por los cuernos y faciliten a los y las jóvenes políticas que les hagan más fácil la emancipación. En el caso de la vivienda, es necesario, explica el presidente del Consell Valencià de la Joventut, debería limitarse el precio de los alquileres en las zonas especialmente tensionadas y se debería cumplir la ley a rajatabla. En ese sentido se pregunta por qué no se cumple la reserva de un 40% de las promociones públicas para jóvenes.

Sin embargo, desde el ámbito económico se discrepa en cuanto a las fórmulas para abaratar el alquiler. El catedrático de análisis económico de la Universitat de València, José Manuel Pastor, la razón de que se hayan disparado los precios está precisamente en intentar controlar el precio de los alquileres. Se consigue con eso, explicaba el catedrático a la SER, el fin contrario al que se persigue. El propietario, con la legislación actual, no tiene garantías de que la vivienda que alquila le va complementar la renta y huye de jóvenes con salarios bajos. Es decir, la norma acaba perjudicando a quien pretende proteger.

Y es que, según Pastor, la actual normativa descarga sobre los propietarios el coste de las políticas sociales. Afirma que no toda la vivienda para alquilar está en manos de grandes tenedores, que para ellos las normas deberían ser otras. Pero que quienes tienen una o dos viviendas para alquilar prefieren no hacerlo en las actuales circunstancias al no tener seguridad en caso de impago o de problemas. Buscan esa seguridad en aseguradoras privadas que aún acentúan más el problema al huir de familias y personas en situación económica delicada. Si eso lo asumiera la administración no sería siquiera necesario desahuciar a familias vulnerables en caso de impago.

Para Pastor son necesarias políticas que animen a esos pequeños propietarios a poner sus viviendas en alquiler. Asegura, asimismo, que los alquileres turísticos tienen un efecto mínimo, muy limitado, en los precios de los alquileres. Un efecto que solo se nota, además, en zonas determinadas. No en general.