La mayoría de abortos en la sanidad valenciana siguen practicándose en centros privados

València

Esta semana se han constituido los comités clínicos que deben estudiar las peticiones de aborto a partir de la semana 22. En concreto, los contempla la reforma de la Ley del Aborto aprobada el año pasado en el Congreso de los Diputados y de los que no pueden formar parte los objetores de conciencia. Pese a este avance, tanto los sindicatos como las asociaciones feministas valencianas denuncian que abortar en la sanidad pública de forma voluntaria sigue siendo tarea imposible en la Comunitat Valenciana.

Alrededor del 90% de abortos se acaban derivando a centros privados, todo y que la ley busca que este proceso se lleve a cabo en la pública. De hecho, hay hospitales valencianos, como el de Manises, donde no se registró ni un solo aborto en 2022.

Según los datos del Ministerio de Sanidad, solo se produjeron cinco abortos extrahospitalarios en la sanidad pública valenciana frente a los casi 8.000 registrados en la red privada. Rosa Atiénzar, responsable de Sanidad en Comisiones Obreras, asegura que en 2023 la situación no mejoró. Por ello, reclama que la red pública garantice la interrupción voluntaria del embarazo.

Por su parte, desde UGT, la secretaria de Servicios Públicos, Mayte Montaner, destaca el papel importante de las clínicas que han asumido las interrupciones voluntarias de embarazos, sobre todo durante la vigencia de la ley de suspuestos, la anterior, pero asegura que estamos en otro momento y que debería hacerse cumplir el derecho en el sistema público.

Asegura que hay hospitales que sí practican estos procedimientos -La Fe, el Doctor Peset o los hospitales de Xàtiva o Gandia- pero pide que se extienda a todos para evitar el impacto psicológico de las trabas a un proceso que ya de por sí puede ser difícil para las mujeres. Cree que todo sería más fácil si las unidades de valoración, es decir, las de Salud Sexual y Reproductiva, asumieran más competencias.

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En el caso de los abortos hospitalarios, que en muchos casos son por razones terapéuticas o por malformaciones, la mayoría (841 frente a 14) sí se realizan en centros públicos. Virginia Sanchis, vicepresidenta de Alanna, asociación que trabaja con víctimas de violencia machista, denuncia que la derivación a clínicas privadas para abortar es sistemática y es algo que añade en muchos casos más dificultad para las mujeres en un proceso ya de por sí difícil.

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Las unidades de salud sexual necesitan más recursos

Desde la Sociedad Valenciana de Contracepción y Salud Reproductiva, su presidenta Isabel Silva confirma que cuando una mujer acude a las unidades de salud sexual para abortar, una vez se tramita su informe y se da el visto bueno, se le deriva a una clínica privada, pero recalca que eso no implica más coste para la paciente porque el proceso es totalmente gratuito.

En todo caso, Silva admite que estas unidades de salud sexual necesitan más recursos tanto materiales como de personal para atender correctamente a todas las personas que lo necesiten y añade que, cuando se derivan pacientes a los centros privados, en muchos casos no vuelven a la consulta pública para que puedan hacerles un seguimiento.