Afectados por los deslindes: "El Ministerio ha ignorado una gran oportunidad de diálogo y consenso"

Valencia

El pasado mes de febrero, el Tribunal Supremo anulaba el Real Decreto que reformó en 2022 el Reglamento General de Costas por omisión del trámite de consulta pública. El Tribunal Supremo estimaba así el recurso presentado por la Plataforma de Afectados por el Deslinde de Costa Formentera. La asociación Somos Mediterrània, que agrupa a la mayoría de plataformas de propietarios afectados en la Comunidad Valenciana, aplaudió la decisión del Tribunal Supremo de anular el reglamento de la Ley de Costas que cambiaba los criterios para declarar una zona de dominio público y que afectaba a miles de viviendas situadas en primera línea de costa de toda la Comunitat Valenciana, y que se enfrentaban a los llamados deslindes que declararían esa vivienda como espacio de dominio público.

Manuel López, portavoz de Somos Mediterrània, ha relatado en 'Hoy por Hoy Comunitat Valenciana' que esa decisión del Tribunal Supremo abría las puertas a dialogar y repensar la Ley de Costas, una ley que siempre había sido respetuosa con los propietarios, hasta que en 1988 se plantea la retroactividad, y se endurecen las posturas contra los propietarios que habían adquirido de forma legal bienes inmuebles antes de la entrada en vigor de la Ley que, por otro lado, tampoco ha sido capaz de frenar la construcción dentro de los límites de cien metros a la costa.

El decreto que en 2022 aprobó el Gobierno modificaba el Reglamento de la Ley de Costas, endureciendo los criterios para aplicar los deslindes, lo que provocó enorme inquietud a los miles de propietarios que podrían estar afectados. Según Manuel López, la modificación del reglamento de costas por parte del Ministerio de Transición Ecológica "no tenía ningún sentido", ya que se basaba en criterios demasiado restrictivos y, a su juicio, innecesarios.

La anulación de este decreto por el Tribunal Supremo por un defecto de forma (omitir la consulta pública) fue celebrada por todas las plataformas de afectados, cuyos portavoces alentaron al Ministerio a entrar en un proceso de diálogo. Sin embargo, el Ministerio de Transición Ecológica obvió esta posibilidad de diálogo y se apresuró a subsanar la exposición pública, cuyo plazo concluyó el pasado 22 de marzo.

Ahora, dice Manuel López, están a la espera de que se resuelvan las más de mil alegaciones presentadas por diferentes plataformas de afectados. Y si no obtienen el resultado esperado, volverán a recurrir al Tribunal Supremo, al considerar que un reglamento no puede ser contrario al espíritu de la ley que desarrolla. Eso esperan los varios miles de afectados en la costa valenciana, especialmente en la costa de Dénia, en la Albufereta, Guardamar del Segura, en Gandia, Canet, Sagunt, etc.

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Además, el actual gobierno autonómico valenciano ha anunciado la intención de impulsar su propia Ley de Costas con el fin de proteger estas viviendas afectadas, lo que plantea serias dudas sobre la compatibilidad de esta anunciada ley autonómica con la nacional.