Los Cotino y el exjefe de gabinete de Zaplana admiten el amaño del contrato de las ITV para Sedesa

València

Cuarto día de declaraciones de los acusados en el juicio por el caso Erial que ha comenzado con dos de los acusados reconociendo que las adjudicaciones de las ITV fueron pactadas. Y no han sido dos acusados cualesquiera sino el beneficiario de estos contratos públicos, Vicente Cotino, para el que la Fiscalía pide 14 años de prisión, y el exjefe de gabinete del expresident Zaplana, Juan Francisco García

El primero de estos dos en declarar ha sido Vicente Cotino, que ha asegurado que su tío, Juan Cotino, expresidente de Les Corts y exconseller, le dijo que se habían pactado esos contratos con la Generalitat y que él, Vicente, iba a quedarse al frente de una de las sociedades adjudicatarias. También ha asegurado a preguntas de la Fiscalía que los ingresos de esas adjudicaciones se hicieron en un entramado de sociedades y que los precios se acordaron.

Antes, el empresario valenciano Vicente Cotino, sobrino del que fue director general de la Policía y presidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino (ya fallecido), ha admitido este martes que su tío acordó lo mismo: con el Gobierno valenciano a finales de los años 90 el pago de mordidas por el amaño de la privatización de las ITV en favor de Sedesa.

A preguntas del fiscal en la quinta sesión del juicio por el caso Erial -en el que está procesado el expresident y exministro Eduardo Zaplana-, este procesado ha señalado que Juan Cotino le dijo en 2005 que había que pagar el acuerdo alcanzado años antes para predeterminar la contratación pública de las ITV, pactada a favor de una de las empresas de su grupo.

"Me dijo que Imison Internacional -empresa constituida en Luxemburgo con 640.000 euros llevados en mano por Juan Cotino cuando era director general de la Policía- era para el acuerdo al que se había llegado en 1997. Cuando le pregunté para quién era -ese dinero-, me dijo que continuase yo al frente de la compañía durante un tiempo indeterminado", ha declarado.

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Según ha descrito, el pago final de esa mordida se realizó mediante la transmisión de la sociedad luxemburguesa en favor de otras dos firmas -Imison y Fenix- que fueron puestas a nombre de Juan Francisco García -ex jefe de gabinete de Zaplana- y Joaquín Barceló -amigo de la infancia del exministro-.

La transmisión se hizo en 2005, una vez vendida la sociedad que gestionaba las ITV y obtenidas las plusvalías, y "el precio pactado fue del 30 %", ha explicado Vicente Cotino en el juicio. "(Juan Cotino) Me dijo que, una vez cerrada la venta -de la sociedad gestora de las ITV- y el dinero estuviese en Luxemburgo, hablase con Juan Francisco García", ha detallado este investigado, que ha admitido que fue Beatriz García Paesa (sobrina del espía Francisco Paesa) la que hizo todas estas gestiones en Luxemburgo. "A Joaquín Barceló solo le he visto una vez, fue en Luxemburgo, no le he vuelto a ver hasta estos días aquí en el juicio", ha agregado Vicente Cotino, quien ha admitido una operativa igualmente corrupta con las adjudicaciones del plan eólico de la Comunitat Valenciana.

El exjefe de gabinete de Zaplana confiesa haber amañado las adjudicaciones

Posteriormente, Juan Francisco García, que fue director del gabinete de Eduardo Zaplana en la presidencia de la Generalitat Valenciana y presidió la mesa de contratación de aquel proceso de las ITV, ha confesado que fue Juan Cotino, en presencia de Zaplana, quien se dirigió a él para amañar el pliego.

Juan Francisco García, exjefe de gabinete de Eduardo Zaplana ha asegurado que a finales de 2004 cuando vende el grupo Sedesa la adjudicataria de las ITV, fue Vicente Cotino quien le transmitió que por indicación de su tío Juan (Juan Cotino) los fondos del 30% de las plusvalías [de 86,5 millones] serían para ellos. García ha reconocido que "Juan Cotino, en ese momento director general de la policía, me transmite el especial interés del grupo SEDESA por presentarse y ser adjudicataria. Entonces vamos revisando un poco posibilidades, la orientación que iban a tener los pliegos de condiciones de dicho contrato".

También ha admitido que fue Cotino, una vez cerrada la adjudicación (en 1997), quien le ofreció un 30 % de los beneficios de la operación (las plusvalías que obtuvo Sedesa con la venta de la firma adjudicataria de la gestión de las ITV), que finalmente obtuvo en 2004 con la transmisión de la titularidad de una empresa radicada en Luxemburgo (Fenix) constituida años antes por los Cotino.

García, que no ha relacionado en ningún momento a Eduardo Zaplana con la titularidad real de esos fondos obtenidos como comisión ilícita, ha asegurado: "Alguien le diría a Cotino que (Joaquín) Barceló y yo debíamos ser beneficiarios de esas sociedades".

En la sesión de este martes también han declarado como investigados el expresident de la Generalitat José Luis Olivas (PP), el empresario Francisco Pérez "El Gasofa", la que fue secretaria personal de Zaplana, Mitsouko Henríquez, y el empresario Carlos Rodríguez.

Los dos empresarios han negado haber recibido dinero en efectivo de Eduardo Zaplana, tal y como sostiene el fiscal, para pagar el alquiler de yates vacacionales. Por su parte, Henríquez ha asegurado que solía ir a sacar dinero de cuentas de Zaplana para "pagar gastos o recoger alguna prueba médica" y que también hizo gestiones similares para conocidos del exministro, como Joaquín Barceló, si bien ha negado igualmente las acusaciones de blanqueo que pesan sobre ella.

Asimismo, ha declarado Carlos Gutiérrez, presuntamente vinculado al blanqueo de mordidas, algo que ha negado. También ha indicado que sus empresas familiares no fueron adjudicatarias "nunca" de la Administración valenciana y ha añadido que nunca le dio Zaplana dinero en efectivo.

Olivas se desvincula del plan eólico

En la sesión de hoy también ha declarado José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat y de Bancaja, quien se ha desvinculado de cualquier adjudicación del plan eólico cuando era conseller. "Eso era algo que venía en el programa electoral. No conocía de nada a las empresa preseleccionadas. No sabía ni quién se había presentado ni quién había sido seleccionado", ha añadido. "Venía todo predeterminado por una resolución", ha apostillado.

Olivas, que ya fue condenado por falsedad y delito fiscal por un pago de medio millón de euros recibido por Sedesa por la venta de participaciones de Proyectos Eólicos Valencianos S.A. -accionarada por Endesa (55 %), Sedesa (25 %) y Bancaja (20 %)- a Iberdrola, ha sostenido que ese pago fue por su intermediación en la venta, no por el supuesto amaño de los planes eólicos valencianos.